La crisis energética y la invasión rusa de Ucrania dejan clara la importancia de las energías alternativas y de una rápida descarbonización en la UE para garantizar una mayor justicia medioambiental en las ciudades y municipios y evitar las desigualdades derivadas de crisis de política energética. Los miembros del Comité Europeo de las Regiones (CDR) transmitieron una señal clara con la aprobación en su pleno del 28 de abril de un Dictamen en el que se pide que el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) se adapten a las necesidades de las ciudades y regiones de la UE.
La invasión rusa de Ucrania y la consiguiente crisis energética en Europa han puesto de manifiesto que la independencia de la UE con respecto a los proveedores de energía externos puede lograrse principalmente a través de las ambiciones medioambientales de la UE, como el paquete «Objetivo 55» y la transición a un suministro energético ecológico y descentralizado. La tarificación de las emisiones de CO2 y las medidas concretas de descarbonización constituyen herramientas eficaces para esta transformación.
En su Dictamen sobre el tema «Hacer que el RCDE y el MAFC funcionen para las ciudades y regiones de la UE», los miembros del CDR piden que la transición hacia un suministro de energía sostenible en las regiones y ciudades se diseñe de manera socialmente justa. A tal fin, los recursos del Fondo de Modernización de la UE, destinado a mejorar la eficiencia energética, deben abrirse al nivel regional para garantizar que la fiscalidad del carbono contribuya a la cohesión territorial de la UE en lugar de dificultarla.
Peter Kurz, alcalde de Mannheim y ponente del Dictamen, lo deja claro: «La respuesta a la guerra en Ucrania no puede ser el cuestionamiento de instrumentos transformadores eficaces como la tarificación del CO2. Al contrario: la guerra solo confirma nuestra convicción, que albergamos desde hace años, de que debemos abandonar los combustibles fósiles asegurándonos de que la transformación no deje atrás a ninguna persona ni región. Debemos garantizar que el paquete «Objetivo 55» funcione para las ciudades y regiones incluyéndolas tanto en el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión revisado como en el diseño del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, a la vez que protegemos a los colectivos y territorios más vulnerables a través de un Fondo Social para el Clima».
Los representantes de las regiones y ciudades también destacaron la necesidad de tener en cuenta a los entes locales y regionales en la evaluación y revisión del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, así como de establecer una coordinación y una interacción eficaces entre el RCDE y el MAFC para garantizar una economía climáticamente neutra y competitiva en las regiones de la UE. Para que el potencial efecto redistributivo de la tarificación del CO2 sea justo, esta debe diseñarse con arreglo a los tres principios siguientes: solidaridad y equidad entre los Estados miembros en la aplicación del RCDE y el MACF; solidaridad y equidad en dicho ámbito en el interior de los Estados miembros; y respuesta al impacto territorial de estas medidas, en particular en aquellas regiones que ya están experimentando una profunda transformación en lo que respecta a su desarrollo social y económico.
Los entes locales y regionales desempeñan un papel importante en la aplicación de las medidas de mitigación del cambio climático, en particular en lo que se refiere al nuevo RCDE para los sectores del transporte por carretera y la construcción. Por ello, los dirigentes locales y regionales piden que las regiones y ciudades participen en la distribución de los ingresos del RCDE y que al menos el 20 % de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión del RCDE sea gestionado por los entes locales y regionales. También se considera importante que los ingresos del RCDE reformado se utilicen para financiar la acción por el clima.
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