Hacia una movilidad laboral más justa en Europa: es necesario apoyar a la Autoridad Laboral Europea con medidas de ejecución adecuadas  

​Doris Kampus

La creación de una Autoridad Laboral Europea supone un paso positivo hacia una movilidad laboral transfronteriza más justa en Europa: así lo considera el Comité Europeo de las Regiones (CDR) en un dictamen elaborado por Doris Kampus (AT/PSE), ministra de Asuntos Sociales, Trabajo e Integración del Gobierno del Estado federado de Estiria. Sin embargo, la asamblea de las ciudades y las regiones de la UE apunta a la necesidad de mejorar la coordinación de las sanciones y multas nacionales para prevenir casos de incumplimiento de la legislación de la UE en el ámbito de la libre circulación de trabajadores, el desplazamiento de trabajadores y la coordinación de los sistemas de seguridad social.

El dictamen , que fue aprobado el martes 9 de octubre, destaca que la creación de la Autoridad Laboral Europea, tal como propone la Comisión Europea , debería tener por objeto reforzar las libertades fundamentales del mercado interior y ayudar a los Estados miembros a combatir las irregularidades relacionadas con la libre circulación de trabajadores y servicios.

La ponente, Doris Kampus , afirmó: «El abuso de estas libertades no solo debilita la cohesión en la UE, sino que también conlleva importantes desventajas sociales, económicas y presupuestarias para las regiones, las ciudades y los propios ciudadanos. La Autoridad Laboral Europea, en su labor de apoyo a las autoridades nacionales, debería clarificar cómo se controla la aplicación de las normas en las situaciones transfronterizas en las que las autoridades nacionales se enfrentan a los límites impuestos por su competencia territorial. Sin embargo, sin mecanismos de sanción adecuados que ejerzan una función preventiva disuasoria contra el incumplimiento, su efecto podría seguir siendo limitado».

Con objeto de disuadir del incumplimiento y mejorar la calidad de la movilidad, el Comité propone que se faciliten los procedimientos transfronterizos de ejecución de sanciones nacionales y se introduzca una mayor transparencia y coherencia en la aplicación en un contexto transfronterizo. Es preciso reforzar el carácter de las inspecciones concertadas y conjuntas de las autoridades nacionales competentes al objeto de mejorar la aplicabilidad de los resultados.

El proyecto de informe del Parlamento Europeo comparte estas preocupaciones. En su intervención en el pleno del CDR, el ponente del Parlamento Europeo, Jeroen Lenaers (NL/PPE), aseveró: «Europa debe velar por que la libertad de movimiento también implique una movilidad justa, se garanticen y protejan los derechos de los trabajadores en toda la UE, se evite la competencia desleal entre trabajadores y empresas y se afronte el fraude social y el abuso de la libertad de movimiento. La Autoridad Laboral Europea debe poder contar con los medios para marcar una diferencia real. No debe convertirse en un gigante con pies de barro: el carácter voluntario de la participación de las autoridades de los Estados miembros, tal como propone la Comisión, no bastará para conseguirlo».

Dado que los niveles local y regional se ven directamente afectados por las irregularidades en el ámbito de la movilidad laboral transfronteriza y que guardan el contacto más estrecho con los solicitantes de empleo y los empresarios, las regiones y ciudades piden una representación adecuada, a través del CDR, en el Consejo de Administración de la Autoridad Laboral Europea. Asimismo, debe garantizarse una estrecha participación de los interlocutores sociales (a través de las representaciones sectoriales y regionales) en el grupo de partes interesadas.

Por último, el CDR destaca la amplia gama de prácticas y situaciones jurídicas nacionales, regionales y locales en Europa y recuerda que es preciso respetar el principio de subsidiariedad y las competencias nacionales en materia de política social y laboral. También es importante definir con claridad las tareas y competencias para evitar la duplicación de las estructuras actuales.

Información general:

La movilidad laboral transfronteriza en Europa ha aumentado notablemente en los últimos años. En 2017, diecisiete millones de ciudadanos europeos vivían o trabajaban en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad. Esta cifra casi doblaba la de hace una década. Los desplazamientos han aumentado un 68 % desde 2010 y alcanzaron los 2,3 millones en 2016. 1,4 millones de ciudadanos de la UE se desplazan cada día para trabajar en otro Estado miembro. Hay más de dos millones de trabajadores del sector del transporte por carretera que cruzan cada día fronteras interiores de la Unión para transportar mercancías o pasajeros.

La Autoridad Laboral Europea, anunciada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en su discurso sobre el estado de la UE de 2017, debería crearse y entrar en funcionamiento en 2019 y alcanzar su plena capacidad operativa en 2023. Garantizar una movilidad laboral justa constituye un elemento clave del pilar europeo de derechos sociales.

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