Los entes locales piden a la Comisión Europea que proponga objetivos concretos de reducción de la pobreza energética para 2030 y su erradicación para 2050 La pobreza energética constituye un reto capital para la sociedad y tiene repercusiones directas sobre la salud, que afectan aproximadamente a 54 millones de europeos ( CE ). Los elevados precios de la energía, los bajos ingresos y unos hogares mal aislados, húmedos y poco saludables han dado lugar a un incremento de las tasas de pobreza energética. En el último decenio, los precios de la electricidad se han disparado en la mayor parte de los países, lo que, combinado con la reciente crisis económica y financiera y el escaso rendimiento energético del parque inmobiliario europeo, ha suscitado una inquietud cada vez mayor respecto de la pobreza energética en Europa.
En torno al 11 % de la población de la UE —54 millones de europeos— sufre los efectos de la pobreza energética. Con todo, la mayor parte de los Estados miembros de la Unión no identifica ni cuantifica a los consumidores de energía más vulnerables, ni adopta medidas específicas relacionadas con la pobreza energética.
Enormemente preocupado por la pobreza energética, el Comité Europeo de las Regiones ha aprobado por unanimidad el Dictamen « Gobernanza multinivel y cooperación intersectorial para combatir la pobreza energética ». El documento incluye una serie de propuestas, entre las que cabe citar las de seguir elaborando una definición europea de la pobreza energética, realizar inversiones específicas en eficiencia energética, revisar el mercado único para que ofrezca precios de la energía reducidos y fijar objetivos con un calendario concreto para erradicar la pobreza energética.
La ponente Kata Tüttő (HU/PSE) , concejala del Distrito 12 de Budapest, afirmó: «Hoy en día más de cincuenta millones de europeos tienen que elegir entre comprar alimentos y calentar su hogar, y su vida transcurre en una situación de pobreza energética. Esto afecta gravemente la salud y el bienestar de las personas y somos conscientes de que las mujeres son las que sufren las peores repercusiones. El derecho a una energía limpia y asequible, que también forma parte de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, debería estar garantizado para cada ciudadano europeo. Impulsando las inversiones en eficiencia energética para renovar el parque inmobiliario de Europa y estableciendo regímenes específicos de protección social y un mercado único que funcione correctamente, sea competitivo y ofrezca precios de la energía reducidos para los consumidores, la UE aportará beneficios directos y demostrará su valor añadido a los ciudadanos. Una transición energética y climática justa que no deje a nadie rezagado debe empezar por erradicar la pobreza energética».
Los miembros coinciden en que los precios básicos de la energía para los consumidores domésticos no pueden dejarse solo a la discreción de la autorregulación del mercado. Para limitar los costes excesivos de la energía, las ciudades y regiones instan a la UE a que establezca marcos jurídicos que doten a los Estados miembros y los entes locales y regionales de los instrumentos adecuados para garantizar una energía asequible para todos. En este sentido, el CDR también apoya la solicitud del Parlamento Europeo de que la Comisión Europea facilite orientación sobre cuándo está permitido que los Estados miembros intervengan en el mercado para abordar la pobreza energética a fin de evitar que un «número significativo de hogares [se encuentren] en situación de pobreza energética».
Los dirigentes locales proponen instaurar una moratoria sobre el cese o la suspensión del suministro de servicios energéticos básicos a los ciudadanos que no puedan pagar la factura.
Las ciudades y regiones instan a los Estados miembros a que incorporen en sus legislaciones nacionales la Directiva actualizada relativa a la eficiencia energética de los edificios a más tardar para marzo de 2020. La nueva Directiva entró en vigor el 9 de julio de 2018 e incluye medidas para acelerar el ritmo de renovación de los edificios para que incorporen sistemas más eficientes desde el punto de vista energético y reforzar el rendimiento energético de los nuevos edificios.
Sin embargo, los miembros recuerdan que la nueva Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios debería completarse con objetivos e inversiones adicionales para renovar el parque inmobiliario europeo, sin los cuales los esfuerzos por erradicar la pobreza energética resultarán insuficientes.
La calefacción, la climatización y la iluminación adecuadas así como la energía para hacer funcionar los aparatos son servicios esenciales necesarios para garantizar un nivel de vida digno y la salud de los ciudadanos. La pobreza energética se produce cuando una familia adolece de una falta de servicios energéticos adecuados en el hogar ( CE ).
Los líderes locales quieren que se prolongue la actividad del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética para seguir recogiendo y evaluando datos, ya que estos constituyen un elemento fundamental para mejorar las políticas que permitan erradicar la pobreza energética. Los miembros recuerdan que dos terceras partes de los Estados miembros no efectúan todavía un seguimiento de la evolución de la pobreza energética basado en medidas cuantitativas.
Nota para la prensa:
La pobreza energética se define como «una situación en la que un hogar o una persona no puede permitirse los servicios energéticos básicos (calefacción, refrigeración, iluminación, movilidad y electricidad) que garantizan un nivel de vida digno, debido a una combinación de bajos ingresos, altos costes energéticos y una escasa eficiencia energética de su vivienda» (definición del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía). El Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía ha convertido la cuestión de la pobreza energética en un tercer pilar, actuando así como motor para mantener esta problemática en el orden del día.
La pobreza energética afecta aproximadamente al 11 % de la población de la UE. Aquí podrá consultar el estudio en su integridad.
Si quiere obtener información por países, puede consultar el informe «La pobreza energética en la Unión Europea» de la European Energy Network (2019).
La pobreza energética es una forma distinta de pobreza que va asociada a una serie de consecuencias adversas para la salud y el bienestar de las personas: enfermedades respiratorias y cardíacas y trastornos de salud mental, exacerbados por las bajas temperaturas y el estrés derivado de la imposibilidad de hacer frente a las facturas de energía, así como un bajo rendimiento escolar entre los niños que la padecen. De hecho, la pobreza energética tiene efectos indirectos sobre muchos ámbitos políticos, incluidos la salud, el medio ambiente y la productividad. Abordar la pobreza energética puede reportar múltiples beneficios, por ejemplo, menos gasto sanitario de los gobiernos, reducción de la contaminación del aire y de las emisiones de CO 2 , mayor comodidad y bienestar, mejora del presupuesto familiar y aumento de la actividad económica ( CE ).
Como parte del paquete de medidas « Energía limpia para todos los europeos », la Comisión Europea ha propuesto una serie de actuaciones para hacer frente a la pobreza energética mediante la eficiencia energética, la protección respecto a la interrupción del suministro y la mejora de la definición y el seguimiento del problema a nivel de los Estados miembros mediante los planes nacionales integrados de energía y clima. En consecuencia, el marco legislativo de la UE sobre la pobreza energética está experimentando diversos cambios. La pobreza energética se menciona en la nueva Directiva relativa a la eficiencia energética (2018/2002), la nueva Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (2018/844) y el Reglamento sobre la gobernanza (2018/1999). También la Directiva sobre electricidad (2009/72) hace referencia a la pobreza energética y su versión revisada es el resultado de un acuerdo político alcanzado en diciembre de 2018. (Para más información, pulse aquí) .
De acuerdo con el Observatorio de la Pobreza Energética de la UE , los principales indicadores para identificar la pobreza energética son un «bajo gasto absoluto en energía» , los «atrasos en el pago de las facturas de servicios» , una «elevada proporción de la renta disponible dedicada al gasto energético» y la «incapacidad de calentar correctamente la vivienda» .
Los precios de la electricidad para los consumidores domésticos han experimentado un aumento constante a lo largo de los últimos doce años. El coste medio de un kilovatio-hora en la EU28 ha pasado de 0,18€ en el primer semestre de 2007 a 0,21€ en el segundo semestre de 2018 (Eurostat), pero con diferencias muy significativas entre los Estados miembros .
Dinamarca (0,31€), Alemania (0,30€), Bélgica (0,29€), Irlanda (0,25€) y España (0,24€) son los cinco países donde el kilovatio-hora resulta más caro, incluidos todos los impuestos y gravámenes. En el extremo opuesto se hallan los Estados miembros en que el kilovatio-hora es el más barato: Bulgaria (0,10€), Lituania (0,10€), Hungría (0,11€), Rumanía (0,13€), Malta (0,13€) y Polonia (0,13€) (Eurostat)
Uno de los indicadores primarios de la pobreza energética son los «atrasos en el pago de las facturas de servicio» , que muestran la proporción de hogares que no han podido pagar a tiempo las facturas de los servicios públicos (calefacción, electricidad, gas, agua, etc.) debido a dificultades económicas. En la EU28, la incidencia media de estas situaciones ha bajado del 9 % al 7 % entre 2010 y 2017, pero persisten situaciones muy diversas. En 2017, nada menos que el 38 % de los ciudadanos griegos , un 30 % de los ciudadanos búlgaros y el 21 % de consumidores croatas declararon haber pagado con retraso sus facturas energéticas debido a limitaciones financieras. Los siguientes países están por encima de la medida del 7 % de la UE: 16 % en Rumanía , 14,3 % en Eslovenia , 13,9 % en Hungría, 13,7 % en Chipre , 11,9 % Letonia , 8,5 % en Polonia y 7,4 % en España . (Eurostat) .
Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios 2018/844, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.
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