La mejora del acceso a los servicios públicos para los ciudadanos de la UE que viven en las regiones fronterizas es el principal objetivo del Dictamen elaborado por Pavel Branda (CZ/CRE), teniente de alcalde de Radlo, que fue debatido por los miembros del Comité Europeo de las Regiones en su pleno de febrero. En este Dictamen se destacan las ventajas de prestar servicios públicos a través de las fronteras e se insta a reforzar el marco jurídico, a crear estructuras permanentes como los puntos de contacto transfronterizos y a recabar apoyo financiero acogiéndose a la iniciativa REACT-UE.

Casi un tercio de los ciudadanos de la UE vive y trabaja en regiones fronterizas en las que el acceso a los servicios públicos, como el transporte, la educación o la atención sanitaria, suele ser más limitado en comparación con las regiones centrales y las capitales. Esto es especialmente cierto en el caso de las zonas poco pobladas con altos índices de envejecimiento de la población. La prestación de servicios públicos a través de las fronteras no solo aumentaría la calidad de vida de los ciudadanos de ambas partes, sino que también haría que los servicios públicos fueran más rentables. El Dictamen subraya la necesidad de un marco jurídico de la UE más sólido que permita establecer y gestionar de manera eficiente servicios públicos transfronterizos. El Dictamen también pide a los Estados miembros que vuelvan a evaluar sus propios marcos jurídicos en lo que respecta a su impacto en las regiones fronterizas, ya que los marcos actuales suelen imponer unas cargas y unos costes administrativos abrumadores, que llevan a numerosos entes locales y regionales a desistir de sus planes.

«El acceso a los servicios públicos transfronterizos contribuye a reducir los efectos negativos de las fronteras y puede aumentar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las regiones fronterizas. Desearíamos que se adoptaran medidas más concretas con vistas a mejorar las condiciones para la prestación efectiva de servicios públicos transfronterizos en Europa, en particular un marco jurídico, estructuras y financiación» , señaló Pavel Branda (CZ/CRE), teniente de alcalde de Radlo y ponente del Dictamen sobre el tema «Servicios públicos transfronterizos en Europa».

Anne Sander (FR/PPE), diputada al Parlamento Europeo, observó: «Apoyo firmemente los servicios públicos transfronterizos en Europa. La crisis de la COVID-19 ha demostrado la necesidad de reforzar los servicios públicos transfronterizos existentes y de crear otros nuevos en las regiones transfronterizas que más los necesitan. Estos servicios son verdaderos pilares de la cooperación entre los Estados miembros y mejoran considerablemente la vida de los ciudadanos europeos. Casi un tercio de los ciudadanos de la UE vive y trabaja en regiones transfronterizas y afronta dificultades cotidianas a la hora de acceder a la asistencia sanitaria, cruzar las fronteras, utilizar el transporte, formarse, trabajar e incluso viajar. Todo ello constituye un reto económico, social, político y humano ».

El ponente recomienda que los Estados miembros asignen conjuntamente parte de los recursos de que disponen en el marco de la iniciativa REACT-UE a los programas de cooperación transfronteriza, permitiendo así la reanudación y el fortalecimiento eficaces de la cooperación transfronteriza después de la crisis de la COVID-19. Además, sugiere que se establezcan puntos de contacto transfronterizos nacionales estables, permanentes e interadministrativos cuando sea necesario, que podrían contribuir a la eliminación sistemática de los obstáculos en las fronteras, y señala que debe mantenerse un nivel mínimo de cooperación transfronteriza independientemente de las circunstancias, incluso en tiempos de crisis.

Para aumentar el acceso a los servicios públicos en las regiones fronterizas, el Comité Europeo de las Regiones reitera su firme apoyo a propuestas legislativas como la de crear un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en el contexto transfronterizo, actualmente bloqueada en el Consejo de la Unión Europea. El ponente también subraya las ventajas y el potencial no plenamente aprovechado de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT), que podrían resultar particularmente útiles en los casos en que los entes públicos son los principales proveedores y en que se necesita un presupuesto y personal en común.

Además, en junio de 2020, el CDR se adhirió a la Alianza Europea de Ciudadanos Transfronterizos lanzada por la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), la Misión Operativa Transfronteriza (MOT) y el Servicio de Europa Central para Iniciativas Transfronterizas (CESCI), a raíz de la experiencia de la primera oleada de COVID-19. La Alianza invita a todos los ciudadanos interesados que viven en regiones fronterizas, así como a cualquier ciudadano interesado en este asunto, a adherirse a ella y firmar su Declaración a través del sitio web del Comité Europeo de las Regiones.

Información adicional:

• El mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos fue propuesto en 2018 por la Comisión Europea como solución para solventar los escollos jurídicos y administrativos que dificultan la cooperación transfronteriza. En determinadas circunstancias, este mecanismo permitiría aplicar la legislación de un Estado en una región transfronteriza de un Estado adyacente. La propuesta está bloqueada actualmente en el Consejo de la Unión Europea.

• La iniciativa REACT-UE forma parte del Plan de Recuperación de la UE y aborda las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa, que entró en vigor el 1 de enero de 2021, es uno de los programas de mayor envergadura dentro del marco del nuevo instrumento Next Generation EU , cuyo presupuesto asciende a 47 500 millones de euros.

• La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) es un instrumento jurídico de la Unión diseñado para facilitar y fomentar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. El Comité Europeo de las Regiones gestiona la Plataforma AECT , que agrupa a los representantes políticos y técnicos de todas las AECT existentes o en fase de constitución, así como a miembros del Grupo de Expertos, asociaciones y otros expertos y partes interesadas.

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