Pulse aquí para obtener una traducción automática del texto que figura más abajo.
Las dotaciones especiales para las regiones carboníferas ‎ no deben desviar recursos de la política regional  
Las ayudas provenientes del fondo de transición justa ‎ deben canalizarse a través de los programas de los Fondos de Cohesión

Las regiones productoras de carbón han de recibir apoyo financiero de la Unión Europea para hacer frente al abandono de los combustibles fósiles: así lo afirmó el Comité Europeo de las Regiones el 9 de octubre. Sin embargo, la asamblea de la UE de los líderes locales y regionales insistió en que esto no debe hacerse a expensas de otras regiones.

En su petición, los dirigentes locales y regionales combinan el apoyo a medidas especiales destinadas a ayudar a varias docenas de regiones con la defensa del presupuesto de desarrollo regional de la UE, que algunos líderes nacionales de los Estados miembros desean recortar de forma sustancial. La Comisión Europea ha propuesto reducir los Fondos de Cohesión para el desarrollo regional y crear un fondo de transición justa para las regiones carboníferas. La nueva presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen , no ha explicado cómo se financiará este fondo.

El Dictamen del Comité Europeo de las Regiones fue elaborado por Mark Speich (DE/PPE), secretario de Estado para Asuntos Federales y Europeos y Asuntos Internacionales (Renania del Norte-Westfalia, Alemania).

El Sr. Speich declaró: «El cambio climático es un reto para el conjunto de Europa. Transformar las regiones carboníferas es fundamental para alcanzar nuestros objetivos climáticos. Por ello, la UE tiene que apoyar a las regiones carboníferas en transición. La Unión debe proporcionar apoyo financiero para la transición socioeconómica de las regiones mineras en el próximo marco financiero plurianual. A fin de estimular las nuevas inversiones, también necesitamos que las regiones dispongan de suficiente margen de maniobra en materia de normas de política de competencia».

A esto añadió: «Celebro la propuesta de la presidenta electa de la Comisión de crear un fondo de transición justa, que debe estar concebido para mitigar las consecuencias sociales, socioeconómicas y medioambientales de los cambios estructurales en las regiones carboníferas europeas. No obstante, el fondo debería financiarse con recursos adicionales y no con los recursos previstos para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La financiación debe estar estrechamente interconectada con la política de cohesión. De este modo, la financiación suplementaria podría utilizarse para reforzar los programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo en estas regiones NUTS 2 durante los próximos siete años».

Las recomendaciones del CDR abogan por canalizar el apoyo del fondo de transición justa a través de los programas de los Fondos de Cohesión y hacen hincapié en la necesidad de que la UE deje margen de maniobra adicional a los gobiernos nacionales, regionales y locales para apoyar a las empresas afectadas por el abandono del carbón. El CDR afirma que las normas de la UE sobre ayudas estatales, que expiran en 2020, deben revisarse a fin de «garantizar que las regiones carboníferas dispongan de una flexibilidad suficiente para poder mitigar las consecuencias sociales y económicas del abandono progresivo de la producción de carbón».

El Sr. Speich afirmó: «El apoyo a las nuevas perspectivas socioeconómicas de las regiones carboníferas tiene que iniciarse ahora: será demasiado tarde actuar cuando la situación económica de estas regiones se haya deteriorado».

Entre los 350 miembros del CDR se cuentan muchos representantes de las 41 regiones de doce Estados miembros (incluido el Reino Unido) que siguen teniendo minas de carbón. El CDR ha recomendado que las regiones cooperen entre ellas —y con los niveles de gobierno nacionales y de la UE— mientras tratan de ajustar sus economías, tanto para evitar duplicaciones como para compartir experiencias. Las recomendaciones del CDR incluyen una formación profesional adicional, la creación de universidades técnicas, el desarrollo de un entorno favorable a la innovación y el impulso de la digitalización como herramientas fundamentales para diversificar sus economías.

El Dictamen del CDR también insiste en el potencial de desarrollo de los puntos fuertes de estas regiones y sostiene que su transformación estructural debe utilizar el tejido industrial y energético existente como base para el desarrollo, considerar los ciclos de innovación e inversión de los agentes industriales actuales y sentar sus fundamentos en las agrupaciones industriales, las competencias empresariales y la capacidad de investigación.

Una conferencia de alto nivel organizada por el CDR el 9 de octubre — Regiones carboníferas en transición — contó con la presencia de ministros nacionales y dirigentes regionales de once regiones carboníferas de ocho Estados miembros, junto con Günther Oettinger, comisario europeo de Presupuesto y Recursos Humanos.

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León (España) , aseveró: «La Junta de Castilla y León está a favor de la creación de un fondo específico que no imponga a los municipios de las zonas mineras la carga de la descarbonización y la transición energética».

La propuesta de crear un fondo de transición justa es un elemento fundamental del programa presentado por la Sra. Von der Leyen, que se convertirá en presidenta de la Comisión Europea el 1 de noviembre. El 2 de octubre, la comisaria electa de Cohesión y Reforma, Elisa Ferreira , informó al Parlamento Europeo de que presentará una propuesta para el fondo en un plazo de cien días tras su entrada en funciones. Otra de las primeras tareas de la Comisión entrante será alcanzar un acuerdo con los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo sobre el presupuesto de la UE para el período 2021-2027.

Se supone que la eliminación progresiva de la industria del carbón dará lugar a una gran pérdida de puestos de trabajo en Alemania, Bulgaria, Chequia, España, Polonia, Reino Unido y Rumanía, con despidos también en Eslovaquia, Eslovenia y Grecia. Un estudio indica que las dos regiones en las que las consecuencias sociales podrían ser mayores son la región griega de Macedonia Occidental y la región rumana de Suroeste-Pequeña Valaquia.

Contacto:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 0 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu