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El sector de los servicios necesita unas normas del mercado único ‎ claras y correctamente aplicadas  

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) considera que la eliminación de las barreras a la prestación transfronteriza de servicios aceleraría la recuperación económica en Europa. El Dictamen elaborado por Jean-Luc Vanraes (BE/Renew Europe), concejal del Ayuntamiento de Uccle (Bélgica), se aprobará esta semana en el pleno del CDR.

Más de diez años después de la entrada en vigor de la Directiva de servicios , los proveedores en una serie de sectores de servicios siguen enfrentándose a una amplia gama de obstáculos cuando quieren establecerse en otro Estado miembro o prestar servicios transfronterizos con carácter temporal. Si bien los servicios representan en torno al 70 % del PIB y del empleo en Europa, el comercio de servicios dentro de la UE representa únicamente un tercio de todo el comercio interior de la Unión y no muestra señales de avance.

Además, las propuestas legislativas para la tarjeta electrónica europea de servicios están bloqueadas en el proceso legislativo y la propuesta de Directiva por la que se establece un procedimiento de notificación para los servicios ha avanzado muy lentamente. Por lo tanto, el Comité Europeo de las Regiones insta a las demás instituciones a que encuentren un terreno común y establezcan normas sencillas y claras para la cooperación entre autoridades, con el objetivo de reducir la carga administrativa.

«Los proveedores de servicios transfronterizos siguen enfrentándose a los mismos costes al cumplir las formalidades administrativas. Se suponía que la tarjeta electrónica de servicios los reduciría a la mitad, lo que habría supuesto un gran beneficio para las pymes», recuerda el ponente, Jean-Luc Vanraes. «Sin embargo, el esfuerzo legislativo, técnico y administrativo que suponga la introducción de la tarjeta de servicios para los entes locales y regionales ha de ser proporcionado al beneficio que se espera obtener».

Muchas ciudades y regiones también tienen dificultades, en términos de capacidad y recursos, para hacer frente a las posibles consecuencias de los requisitos de notificación, habida cuenta de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ( asunto Visser Vastgoed ) sobre la aplicación de la Directiva de servicios al sector minorista y a la planificación urbana.

«Es necesario lograr el equilibrio adecuado entre la obligación de notificación y el valor añadido para alcanzar los objetivos de la Directiva de servicios, teniendo en cuenta que la mayoría de la normativa local y regional tiene efectos insignificantes en el mercado único y que probablemente cumplirá los requisitos de la Directiva de servicios», señaló el ponente Vanraes.

El Dictamen sugiere que la Comisión Europea presente un conjunto de criterios cuantitativos o cualitativos para evaluar qué tipos de normas locales y regionales podrían quedar exentas de la obligación de notificación en virtud de la Directiva de servicios. La descentralización de los elementos de la aplicación, incluida la notificación, podría dar lugar a una evaluación más precisa del interés público local y regional.

El Comité destaca, asimismo, que un mercado único que funcione correctamente es especialmente importante para las regiones fronterizas y considera que los instrumentos de cooperación transfronteriza de la UE, como las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) , pueden desempeñar un papel útil a este respecto.

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