La respuesta más aconsejable para abordar las reformas es evitar normas nuevas o suplementarias, afirman los líderes locales y regionales. El Comité Europeo de las Regiones ha hecho un llamamiento para que se evite emprender una nueva revisión de las normas de la Unión sobre contratación pública, dado que las últimas reformas introducidas por la UE son todavía muy recientes y presentan aún carencias significativas. En las recomendaciones adoptadas el 8 de octubre, la asamblea de la UE de los entes locales y regionales señaló que, sin necesidad de imponer nuevas normas, la UE podría abordar problemas de peso facilitando el acceso a las empresas de mediano tamaño y fomentando la armonización mediante, por ejemplo, sistemas de etiquetado.
Las recomendaciones del CDR son importantes desde el punto de vista económico, ya que las administraciones locales y regionales son responsables del 45 % de la contratación pública en la UE. Las últimas reformas de la Unión, aprobadas en 2014, fueron motivadas por la convicción de que los contratos públicos podrían ser un importante catalizador del crecimiento y eliminar obstáculos a la inversión en el mercado único de la UE. Las propuestas del CDR también son significativas desde un punto de vista institucional, puesto que se basan en gran medida en el trabajo de un nuevo proyecto piloto destinado a garantizar que la experiencia local se integra en la formulación de políticas de la UE.
El Dictamen fue elaborado por Thomas Habermann (DE/PPE), presidente del Ejecutivo del Distrito de Rhön-Grabfeld (Baviera) y miembro de la Unión Cristianosocial (CSU). Las recomendaciones reflejan los resultados de una encuesta conjunta del CDR y el CMRE sobre la aplicación de las normas de contratación pública en los Estados miembros que se puso en marcha en marzo de 2019, así como de un informe de julio de 2019 de la Red de centros regionales para evaluar la aplicación de las políticas de la UE , que el CDR estableció en marzo del presente año.
12. El Sr. Habermann afirmó que «las reformas introducidas en las Directivas de contratación pública de la UE son encomiables por su intención —de hecho, en un principio una gran mayoría de regiones y entes locales vieron con buenos ojos las reformas de 2014—, pero, en la práctica, existen deficiencias que van desde cuestiones fundamentales hasta otras simplemente desafortunadas. Las pequeñas empresas obtienen menos contratos de los que la UE esperaba y la contratación pública transfronteriza no ha aportado ningún valor añadido para los entes locales y regionales. A pesar de la realización asidua de procedimientos de licitación a nivel de la UE, que son costosos y requieren mucho tiempo, no se presenta ninguna oferta transfronteriza, o se presentan muy pocas. Por otra parte, los entes locales y regionales a menudo no ven la necesidad de aplicar objetivos estratégicos de adjudicación, especialmente en el ámbito de la innovación».
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14. Y prosiguió: «¿Por qué es así? Las administraciones regionales o locales promedio de la UE tienen presupuestos limitados, no consideran prioritarios la investigación y el desarrollo y adquieren productos relativamente básicos. Al gastar el presupuesto de que disponen, las administraciones públicas privilegian un uso económico de sus fondos. Por regla general, suelen tener en cuenta aspectos de sostenibilidad, pero carecen de los certificados y etiquetas fiables y reconocidos en toda la UE, en particular en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental, que serían necesarios para crear seguridad jurídica y aliviar las cargas para los poderes adjudicadores a nivel local. Es posible que las empresas de otros países ofrezcan productos y precios atractivos, pero las diferencias en la legislación, los regímenes fiscales y las administraciones plantean obstáculos difíciles de superar. Tampoco las normas de contratación pública son lo suficientemente sencillas y transparentes para atraer a las pequeñas empresas».
El Sr. Habermann añadió: «Las reformas siguen siendo recientes —pocos Estados miembros han logrado transponerlas en el plazo previsto de 2016—, y el personal está todavía recibiendo formación, por lo que el riesgo de errores es elevado; con todo, todavía es posible que de ellas se deriven más ventajas. Por si esto fuera poco, como sucede a menudo, los gobiernos nacionales han añadido sus propios requisitos, lo que los expertos denominan «sobrerregulación» o gold-plating , de ahí que algunas de las soluciones deban buscarse en las capitales nacionales y no en Bruselas. De momento, lo más indispensable es dejar que se asienten las reformas y evitar cargas adicionales para los entes públicos imponiéndoles nuevas normas».
«No obstante, creemos que esta encuesta extraordinariamente exhaustiva ya ha permitido extraer importantes enseñanzas a corto y largo plazo», aseveró el Sr. Habermann. «En primer lugar, la UE y los gobiernos nacionales no deberían confiar en que los contratos públicos locales sean el único motor de todos los objetivos políticos, incluidos los relacionados con la sostenibilidad o con la política social. La contratación pública requiere un enfoque equilibrado que tenga en cuenta la facilidad de aplicación de las normas por parte de todos los poderes públicos, independientemente de su tamaño, así como el principio de autogobierno local. En segundo lugar, para impulsar las economías locales, la UE debería esforzarse más por lograr que las empresas de mediano tamaño presenten ofertas. En tercer lugar, los criterios de licitación no son la mejor manera de atraer licitadores de otros países; sería más útil, por ejemplo, promover un etiquetado común y el reconocimiento de los certificados nacionales».
La mayor parte de las recomendaciones se basan en un amplio mecanismo de consulta desarrollado y puesto en marcha por el Comité Europeo de las Regiones, al que le preocupa que se disponga de demasiado poca información sobre el impacto de la legislación de la UE en los entes regionales y locales. La encuesta conjunta del CDR y el CMRE, así como el proyecto de centros regionales, que inició su fase piloto de dos años en marzo, contaron con la participación del CDR, la Comisión Europea y 36 regiones asociadas de dieciséis países, y se centraron en tres ámbitos: contratación pública, calidad del aire y asistencia sanitaria transfronteriza.
El informe sobre la contratación pública y las recomendaciones políticas del Sr. Habermann son el primer resultado del proyecto de centros regionales, y se presentan cuatro semanas antes de que la próxima presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre en funciones.
En un conjunto separado de recomendaciones adoptado el 8 de octubre, el CDR pidió a la Comisión Europea que prevea financiación para apoyar el mecanismo de centros regionales, si la fase piloto concluye con éxito. La iniciativa de los centros regionales surgió de un grupo operativo que buscaba cómo garantizar que la formulación de políticas de la UE fuera más abierta y respondiera en mayor grado a las observaciones formuladas por las administraciones locales y regionales y los parlamentos nacionales. El grupo operativo, dirigido por el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, publicó un informe a mediados de 2018 en el que se refrendaban muchas de las posiciones del CDR.
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