A través de una Declaración conjunta , la Delegación española del Comité Europeo de las Regiones ha apoyado unánimemente la propuesta de una normativa europea común cuyo objetivo es el reconocimiento y la protección jurídica de los productos industriales y artesanales siguiendo el modelo de los Indicadores Geográficos Protegidos para productos alimenticios

Un nuevo sistema a escala de la UE destinado a proteger las indicaciones geográficas industriales y artesanales (IGIA), basado en el exitoso modelo utilizado para los productos agrícolas y los alimentos, beneficiaría a los artesanos y las economías locales. El nuevo sistema reforzaría la protección jurídica de los productos que se caracterizan por su excelencia, contribuiría a combatir la falsificación y crearía y mantendría empleo. La propuesta figura en un Dictamen elaborado por Martine Pinville, miembro de la Asamblea Regional de Nueva Aquitania, que el Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR) aprobó por unanimidad el miércoles 13 de octubre.

El cristal de Bohemia en Chequia, los artículos de cuchillería de Solingen en Alemania, la porcelana de Limoges en Francia, el vidrio de Murano en Italia, los productos de cerámica del Puente del Arzobispo y de Talavera en España o el tweed Donegal en Irlanda son únicamente algunos ejemplos de productos europeos que no solo son emblemas de tradiciones artesanales centenarias sino que forman parte de un legado cultural europeo bien conocido y valorado dentro y fuera de la UE. La rica diversidad de la artesanía europea se manifiesta en sus ciudades, provincias y regiones, centros de una producción local basada en conocimientos que a menudo se han transmitido de generación en generación.

En su Dictamen , aprobado por unanimidad en el pleno, el CDR pide a la Comisión Europea que elabore un marco jurídico para proteger los productos artesanales e industriales europeos. Según los dirigentes locales y regionales, la falta de armonización a escala europea en lo que respecta a las IGIA tiene por consecuencia la existencia de diferentes instrumentos jurídicos nacionales, lo que debilita la protección de los productos y las empresas.

La ponente, Martine Pinville (FR/PSE), miembro de la Asamblea Regional de Nueva Aquitania , afirmó: «En los últimos meses he podido intercambiar opiniones con representantes de pymes, asociaciones y autoridades públicas de toda Europa, que han coincidido en la necesidad de crear un marco europeo para las "indicaciones geográficas industriales y artesanales" (IGIA), como ya ocurre con las indicaciones geográficas para los productos agrícolas . Proteger nuestro patrimonio y mantener el valor añadido y el empleo en un territorio son cuestiones relacionadas con las IGIA para nuestras comunidades. La movilización del Comité Europeo de las Regiones es esencial para garantizar que la Comisión Europea presente rápidamente una propuesta concreta que se adapte a la realidad de nuestros territorios».

En su intervención desde Bruselas durante la sesión plenaria, el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page (ES/PES), aseguró que "La regulación común europea de las indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales supondría la protección integral de los artesanos y productores contra las falsificaciones y la competencia desleal, dando seguridad jurídica al consumidor. Supondría la puesta en valor del proceso artesanal, del saber hacer, de la cultura propia de cada región europea, y de nuestras tradiciones. También redundaría en la revitalización económica y social de las zonas rurales, especialmente de aquellas en situación de despoblación, y en la potenciación del turismo rural, la competitividad comercial de los territorios y los beneficios de los comerciantes."

El Presidente de Castilla-La Mancha defendía así la posición de la Delegación española del Comité Europeo de las Regiones, recogida en una Declaración conjunta que fue entregada al Presidente del Comité, Apostolos Tzitzikostas, durante un acto que tuvo lugar en la sala del pleno la mañana del día 13 de Octubre. En el acto asistieron varios miembros del Comité y representantes de las Comunidades Autónomas.

En el dictamen, el CDR subraya los aspectos económicos de la protección de las IGIA, ya que esta protección aumenta la competitividad de los productores al destacar sus productos, mejorar su reputación y reforzar la disposición de los consumidores a pagar por productos cuyas características y origen estén garantizados. Las indicaciones geográficas responden a la cambiante demanda de los consumidores: los ciudadanos quieren una mayor trazabilidad y transparencia sobre el origen y el proceso de fabricación de un producto y buscan cada vez más productos fabricados localmente. Esta tendencia no ha hecho más que aumentar durante la crisis de la COVID-19.

Además, los miembros del CDR destacan que el vínculo de carácter fundamental entre la zona geográfica y el producto se ve reflejado especialmente en la importancia primordial que revisten el factor humano y los conocimientos técnicos para las IGIA. El hecho de que la materia prima ya no esté disponible o haya dejado de ser adecuada no ha impedido mantener o incluso desarrollar las empresas y los conocimientos técnicos necesarios para elaborar productos de gran calidad.

El pleno del CDR coincide con la 19.ª Semana Europea de las Regiones y las Ciudades , que organizan conjuntamente el CDR y la Comisión Europea y se desarrolla entre el 11 y el 14 de octubre.

Información adicional:

Esta es la segunda vez en seis años que el CDR ha pedido a la Comisión Europea que presente una propuesta de Reglamento para proteger las IGIA en la Unión Europea. Un primer Dictamen, titulado Ampliar la protección de las indicaciones geográficas a productos no agrícolas y elaborado por Maria Luisa Coppola (IT/PPE), se aprobó en febrero de 2015.

La Comisión anunció en su Plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial , aprobado en noviembre de 2020, que examinaría la posibilidad de crear un sistema de protección de las indicaciones geográficas de la UE para los productos no agrícolas (es decir, los productos industriales y artesanales). En consecuencia, se lanzó una consulta pública para evaluar el impacto de los posibles costes y beneficios de la creación de un sistema de protección de las indicaciones geográficas de la UE eficaz y transparente, consulta que finalizó en julio de 2021. El objetivo era obtener una panorámica detallada de los problemas a los que se enfrentan las partes interesadas, como la actual protección jurídica de los productos no agrícolas auténticos y típicos de una zona en el mercado interior, los beneficios y los riesgos de la acción de la UE y las opciones políticas disponibles, que incluyen el control y la aplicación de un futuro sistema de protección de la UE para dichos productos. Los resultados de la evaluación de impacto inicial se complementaron con dos estudios, uno de carácter jurídico y otro de carácter económico . La Comisión presentará antes de final de año su propuesta de Reglamento.

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