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La nueva política de competencia tiene que reflejar el papel fundamental de las ciudades ‎ y regiones en la transformación ecológica y digital  

Los miembros del Comité Europeo de las Regiones (CDR) debatieron el informe anual sobre la política de competencia de la Comisión Europea en su pleno de diciembre en Bruselas. En su Dictamen , elaborado por Dominique Lévêque (FR/PSE), pide que la legislación futura tenga en cuenta la mayor complejidad de la actividad estatal necesaria para liberar el pleno potencial económico de las regiones en la transformación ecológica y digital.

Apoyándose en los pilares que constituyen la política antimonopolio y el control de las ayudas estatales, la política de competencia de la UE pretende salvaguardar el mercado único frente a las interferencias desproporcionadas del Estado y el abuso del poder de mercado por parte de las grandes empresas. Aspira a lograr un mercado único que redunde en beneficio tanto de los ciudadanos como de los consumidores de la UE. En su Dictamen aprobado en el pleno, el CDR reconoce la importancia de una política de competencia sana, al tiempo que subraya que la competencia como tal no debe considerarse un fin en sí misma, sino más bien un medio para alcanzar objetivos políticos generales.

«El suministro de infraestructuras, inversiones y bienes públicos siempre ha sido un rasgo distintivo del modelo social europeo y seguirá desempeñando un papel fundamental en la transición ecológica y digital que debemos afrontar» , afirmó el ponente Dominique Lévêque (FR/PSE), alcalde de Aÿ-en-Champagne. «Por consiguiente, desde la perspectiva de las regiones, la pregunta principal es cómo conciliar una política de competencia estricta con la necesidad de inversión pública en el marco del Pacto Verde Europeo y de las aspiraciones del mercado único digital. Cualquier nuevo entorno reglamentario debe responder a las diferentes necesidades geográficas y sociales de las regiones y, en última instancia, encontrar un equilibrio adecuado entre los objetivos de la competencia y los de la cohesión».

En líneas general, el CDR acogió favorablemente el último informe sobre la política de la competencia de la Comisión, en el que se señalaba, entre otras cosas, que esta institución había relajado sus estrictas normas de evaluación sobre si las inversiones y los servicios públicos a escala local afectan al comercio entre países. Un excelente ejemplo de esta modernización de las normas sobre ayudas estatales son las Directrices sobre la banda ancha puestas en marcha recientemente, que brindan a las autoridades públicas regionales y locales más margen para abordar los retos sociales y económicos vinculados a la transición hacia una economía digital. «Habida cuenta de las dificultades con que chocan los responsables políticos en las zonas rurales a la hora de reducir la brecha digital con las zonas urbanas mediante la inversión en infraestructuras de banda ancha, esta reforma constituye un paso en la buena dirección» , declaró Dominique Lévêque .

Por lo que se refiere a la próxima revisión de las Directrices sobre ayudas estatales con miras a la protección del medio ambiente y la transición energética, los miembros del CDR pidieron que todo nuevo marco regulador que canalice inversiones hacia las energías renovables y la eficiencia energética incorpore medidas igualmente ambiciosas para garantizar un suministro energético asequible y fiable. Además, los miembros instaron a la Comisión a que verifique si la exención de impuestos al queroseno no constituye un falseamiento de la competencia en beneficio del sector aéreo y, dadas las ocasiones anteriores en que los Estados miembros concedieron ventajas desleales a los transportistas nacionales mediante el ajuste de los regímenes fiscales nacionales, sostuvieron que sería preferible que dicha imposición se coordinase a escala europea.

Por último, el CDR destacó el carácter estructural de la crisis de la vivienda que experimentan las regiones urbanas en Europa, en particular el hecho de que es cada vez más patente que los mercados de la vivienda no consiguen satisfacer las demandas de los ciudadanos con ingresos medios. Por consiguiente, el CDR pidió a la Comisión que clarificara la normativa de la UE relativa a la vivienda social para que resultara más transparente, sencilla e inteligible. En razón de la diversidad de los sistemas de vivienda europeos y la variada tipología de los mercados inmobiliarios locales, los Reglamentos revisados deberían ajustarse estrictamente al principio de subsidiariedad y respetar el margen de maniobra de los Estados miembros para definir los criterios de acceso a la vivienda social y aplicar medidas específicas.

Los miembros concluyeron el debate pidiendo a la ponente del PE, Stephanie Yon-Courtin (FR/Renew), que siguiera defendiendo las posiciones del CDR sobre la política de competencia en los debates subsiguientes que se celebren en el Parlamento Europeo.

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