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Recortar la financiación solo será aceptable ‎ en caso de violación sistémica del Estado de Derecho  
Una supervisión más pormenorizada por parte de la UE redundaría ‎ en beneficio de los ciudadanos, la democracia local y las economías locales

Dirigentes locales y regionales de toda la Unión Europea han manifestado su apoyo a las propuestas de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo destinadas a reforzar el Estado de Derecho, incluida la posibilidad de sancionar a los Estados por violaciones «graves y sistemáticas». El Comité Europeo de las Regiones (CDR) también ha instado a las instituciones de la UE a que promuevan una cultura del respeto del Estado de Derecho mediante una mayor participación de las comunidades locales, en particular las administraciones públicas y las «redes de» defensores del pueblo que trabajan a nivel local y regional.

Las recomendaciones , que se aprobaron el 12 de febrero en la primera sesión plenaria del nuevo mandato quinquenal del Comité, destacan la necesidad de poner en marcha un proceso de supervisión más amplio y profundo, dotado de recursos adecuados. El resultado debería ser una evaluación objetiva y transparente —basada, por ejemplo, en la lista de criterios de evaluación del Estado de Derecho, elaborada por el principal organismo de vigilancia de los derechos humanos de Europa, el Consejo de Europa— que se base en una serie de reuniones a nivel regional y nacional celebradas a lo largo de todo el año. El proceso culminaría en una conferencia anual, en una ciudad especialmente comprometida con la buena gobernanza. El Dictamen del CDR hace especial hincapié en el valor de las consultas a las redes judiciales y las comunidades jurídicas locales, así como de aumentar el apoyo financiero a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, especialmente a nivel local.

Christophe Rouillon , presidente del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y alcalde de Coulaines (Francia), presentó el Dictamen. «El Estado de Derecho no solo es uno de los valores comunes fundamentales de la Unión Europea, sino que es una condición existencial para su funcionamiento. La sociedad civil y los entes locales y regionales están llamados a desempeñar un importante papel en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Creemos que las sanciones son necesarias para quienes violan el Estado de Derecho, pero no deben pagar justos por pecadores. Este Comité ha insistido durante mucho tiempo en la necesidad de que las regiones y ciudades de Europa no sean sancionadas por violaciones del Estado de Derecho cometidas por los gobiernos nacionales Con este Dictamen, hemos puesto de relieve las diferentes maneras en que una cooperación más estrecha con las comunidades locales —su sociedad civil, sus juristas y sus administraciones públicas— puede contribuir a la defensa y promoción de una cultura del Derecho», afirmó el Sr. Rouillon.

«Nuestras recomendaciones son significativas por dos razones. En primer lugar, este dictamen pone de manifiesto que los responsables políticos locales y regionales de toda Europa apoyan los esfuerzos encaminados a reforzar el Estado de Derecho. En segundo lugar, estas recomendaciones proporcionan ideas concretas para la adopción de medidas a escala local y regional. Reforzar el Estado de Derecho no es una mera cuestión de principio, sino también de rentabilidad. Creemos que transferir fondos a través de sistemas basados en una gobernanza deficiente y, en algunos casos, con violaciones sistemáticas del Estado de Derecho, es contraproducente y corre el riesgo de socavar la confianza entre los europeos, en la que se basa el proyecto de integración. Una supervisión más pormenorizada y exhaustiva por parte de la UE sería beneficiosa para los ciudadanos, la democracia local y las economías locales», añadió Rouillon.

El informe fue iniciado y redactado por Franco Iacop (IT/PSE), presidente de la Asamblea Regional de Friuli-Venecia Julia. El Sr. Rouillon presentó el informe porque el mandato del Sr. Iacop en el CDR concluyó en diciembre.

Las recomendaciones reflejan la convicción de que la realidad de la gobernanza en la Unión Europea, en la que participan responsables políticos europeos, nacionales, regionales y locales, así como administraciones públicas, exige que la supervisión del Estado de Derecho no se limite al ámbito nacional. Siguiendo la misma lógica, el CDR pide que la UE, como entidad jurídica, también sea objeto de supervisión, y aboga por que la UE retome el proceso de adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Entre las ideas que el CDR desearía explorar, cabe mencionar la de aprovechar el potencial de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE en el marco del sistema de supervisión. El CDR sugiere también que un proyecto piloto, en el que participe un grupo de ciudades y regiones interesadas, podría ayudar a afinar los criterios para evaluar el Estado de Derecho.

Contacto:

Andrew Gardner

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