La pandemia de COVID-19, la guerra en curso en Ucrania, la fuerte subida de los precios de la energía y el aumento de la inflación han afectado con especial intensidad a los hogares de renta baja, lo que ha aumentado la pobreza y la desigualdad. El Comité Europeo de las Regiones (CDR) considera por ello que la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre una renta mínima adecuada debe adelantarse en todos los Estados miembros de la UE. El correspondiente Dictamen fue elaborado por la presidenta de la asamblea municipal de Kerava, Anne Karjalainen (FI/PSE), y se aprobó en el pleno del 8 de febrero.
Uno de los objetivos principales del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales es reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en al menos quince millones de aquí a 2030. Pese a los esfuerzos realizados, la pobreza y la exclusión social han seguido agravándose de tal manera que, en 2021 —antes de la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias—, más de noventa millones de europeos se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social. El CDR, que representa a los entes locales y regionales de toda la UE, considera que la urgencia de la situación exige adelantar tres años, a 2027, la aplicación de la Recomendación.
El Dictamen elaborado por Anne Karjalainen subraya que los Estados miembros deben centrarse en las causas profundas de la pobreza y adoptar medidas eficaces para garantizar unos salarios justos y un trabajo digno, unos servicios básicos de calidad, un apoyo a la renta adecuado y unos servicios sociales personalizados. También pide a la Unión Europea y los Estados miembros que, en cooperación con los entes locales y regionales, desarrollen medidas específicas para reducir y erradicar el sinhogarismo y la pobreza energética.
«La rápida adopción por el Consejo de la Recomendación sobre una renta mínima supone un paso en la dirección correcta, pero la necesidad urgente de actuar para garantizar una renta mínima en toda la UE requiere una reflexión ulterior sobre el marco regulador más eficaz para aplicar estas medidas a escala europea», afirma la ponente, que además pide claridad en cuanto a la definición de acción «proporcionada» y «gradual» a la que se hace referencia en la Recomendación.
Estrella Durá Ferrandis (ES/S&D), diputada al Parlamento Europeo y coponente de la Resolución del Parlamento Europeo sobre una renta mínima adecuada que procure la inclusión activa, asegura: «Es necesario garantizar que todas las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de pobreza estén cubiertas por un régimen de renta mínima, complementario de otros regímenes de empleo y apoyo social, que garantice unos ingresos dignos a quienes más lo necesitan. Para luchar contra la pobreza y las crecientes desigualdades sociales hace falta una legislación vinculante de la UE que permita alcanzar unos regímenes de renta mínima dignos en todos los países de la UE y fomente la integración de todas las personas en un mercado laboral de calidad».
Está previsto que el Parlamento Europeo apruebe esta Resolución en el pleno de la próxima semana en Estrasburgo.
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En el Dictamen del CDR se subraya la necesidad de un marco europeo de evaluación comparativa actualizado y completo para los regímenes de renta mínima, basado en un enfoque transparente y en datos comparables. Igualmente, hace hincapié en que unos regímenes y servicios de renta mínima viables tienen un efecto estabilizador en el conjunto de la economía, ya que erradicar la pobreza y reducir las desigualdades de renta es importante no solo para promover la justicia social, sino también para fomentar el crecimiento económico.Más concretamente, el Comité sostiene que, para combatir la pobreza de manera eficaz, el apoyo a la renta mínima debe ayudar a las personas a situarse por encima del umbral nacional de riesgo de pobreza. Además, subraya la importancia de que la Recomendación sobre una renta mínima vaya acompañada de la rápida y plena aplicación de la Directiva sobre salarios mínimos adecuados. Debe prestarse especial atención a incrementar la tasa de empleo de las mujeres y reducir la brecha salarial, a reducir la pobreza infantil y a integrar a la juventud en el mercado laboral.
En opinión del CDR, los regímenes de renta mínima deben tener elementos individualizados que eliminen los obstáculos a la vuelta al trabajo y a la permanencia en él y garanticen que el trabajo sea rentable, fomentando al mismo tiempo la inclusión social. Las ciudades y regiones también subrayan que la transición ecológica y la economía neutra en carbono deben reflejar la dimensión social y fomentar la mejora de las capacidades de las personas en riesgo de desempleo, desempleadas o económicamente inactivas.
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