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La UE debe luchar contra la desinformación a nivel local y regional  
Los responsables locales y regionales manifiestan su frustración ‎ con las plataformas de redes sociales y piden que la UE ayude a la sociedad civil ‎ y a los entes locales a detectar la desinformación.

En un Dictamen aprobado el 5 de diciembre, el Comité Europeo de las Regiones señala que la Unión Europea debería implicar «urgentemente» a los entes locales y regionales en los esfuerzos por combatir la desinformación. La asamblea de la UE de los representantes locales y regionales también insta a la UE a ejercer mayor presión sobre las plataformas de redes sociales para que respondan de forma más rápida, eficaz y adecuada a la desinformación.

Los dirigentes locales y regionales elaboraron las recomendaciones sobre el Plan de Acción de la UE contra la desinformación por propia iniciativa y, por lo tanto, las propuestas no forman parte del proceso de examen formal de la UE. Sin embargo, su decisión unilateral de enviar esta contribución a las instituciones de la UE con capacidad decisoria subraya la importancia que conceden a dar una dimensión local a la batalla contra la desinformación, ejerciendo mayor presión sobre el sector privado e invirtiendo más esfuerzos y recursos para comprobar los hechos y colaborar con la sociedad civil.

Las recomendaciones fueron elaboradas por Randel Länts (EE/PSE), concejal del Ayuntamiento de Viljandi, en el sur de Estonia, que afirmó: «La UE trabaja en la actualidad sobre todo a escala nacional, pero la desinformación también debe combatirse a nivel local. El Plan de Acción aprobado en diciembre de 2018 no tiene suficientemente en cuenta los niveles regional y local, a pesar de que suelen ser el punto de partida de los problemas relacionados con esta cuestión. Algunas de las soluciones, como la educación, la información y la movilización de los ciudadanos, también deben comenzar en nuestras regiones y ciudades. Pero la mayoría de los entes locales carece de conocimientos sobre cómo combatir la desinformación, así como de dinero y de capacidades. Por tanto, es un ámbito en el que la UE puede intervenir y decir «tenemos dinero», y contribuir a los esfuerzos por aumentar la capacidad de combatir la desinformación, en parte desarrollando redes de verificadores de datos y compensando a los ciudadanos verificadores de datos que hayan demostrado su precisión».

Y añadió: «Asimismo, hay una necesidad apremiante de que las empresas de redes sociales actúen más a nivel local en su trabajo. Su personal no suele comprender la lengua, el contexto político ni el contexto cultural de las campañas de desinformación que se llevan a cabo en las regiones de la UE. Además, como sabe todo el que haya intentado denunciar la desinformación o la incitación al odio, los operadores de redes sociales no ofrecen un procedimiento de información rápido y eficaz. Si no mejoran los resultados de forma voluntaria, tenemos que obligarlos por medio de la reglamentación. El CDR propone medidas que reflejen la realidad de la desinformación: procede tanto de fuentes externas como internas, se centra en nuestras identidades locales y nacionales y a menudo está muy localizada. Tenemos que obligar a las empresas de internet a afrontar esta realidad de forma seria, y nosotros debemos hacer lo mismo, mediante la cooperación entre todos los niveles de gobierno, la sociedad civil, los ciudadanos y las plataformas de redes sociales».

Entre las recomendaciones relacionadas con las plataformas de redes sociales, el CDR pide a la UE que obligue a las plataformas de redes sociales —a través de la reglamentación o la autorregulación— a realizar un trabajo de información mucho mayor con el fin de instruir a los usuarios sobre la desinformación y reforzar su espíritu crítico ante las fuentes, así como a contextualizar los mensajes y advertir a los usuarios sobre las fuentes de desinformación antes de las elecciones y durante las crisis. Las plataformas contribuirían a financiar las redes de verificación de datos y a pagar a los verificadores de datos individuales.

Las recomendaciones incluyen principios e ideas para proteger las libertades personales, evitar una reacción excesiva y obtener el apoyo de la opinión pública. El Dictamen advierte que «[s]in transparencia suficiente, existe un gran riesgo de que las medidas destinadas a luchar contra la desinformación se conviertan en sí mismas en blanco de ataques informativos» y, por lo tanto, aboga por dar a «los ciudadanos la posibilidad de recibir información completa y mantenerse actualizados, por ejemplo, en temas como la protección de datos, el tratamiento de los datos personales y los aspectos financieros». También se señala que la «posible difusión de desinformación debe ser objeto de un seguimiento sistemático y continuo», «pero no siempre», sugiriendo que este seguimiento de alta intensidad debe limitarse a los períodos previos a las elecciones, momentos de crisis y épocas de rápidos cambios sociales.

El trabajo de la UE contra la desinformación consta de cuatro pilares: mejorar la detección de la desinformación, coordinar las respuestas, movilizar al sector privado para que actúe y sensibilizar a la opinión pública.

La actuación a nivel de la UE para frenar la desinformación comenzó en 2015, con la creación de un grupo de trabajo destinado a mejorar la capacidad de la UE para prever, abordar y responder a las actividades de desinformación, reforzar el entorno de los medios de comunicación en los Estados miembros y los vecinos de la UE, así como difundir las políticas de la UE en la vecindad oriental. Desde entonces, el alcance de la labor de la UE se ha ampliado y profundizado, tanto desde el punto de vista geográfico como temático. Las aportaciones de un grupo de expertos de alto nivel en 2017 y de una consulta pública contribuyeron a la adopción, en abril de 2018, de un enfoque de la UE para luchar contra la desinformación en línea . Desde entonces, las plataformas de redes sociales han acordado un Código de Buenas Prácticas , con la advertencia de la UE de que, sin medidas adecuadas, el siguiente paso sería la reglamentación. El Plan de Acción contra la desinformación de la Comisión Europea se adoptó en diciembre de 2018 y, en marzo de 2019, la Comisión creó un sistema de alerta rápida con vistas a las elecciones europeas de mayo de 2019.

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Andrew Gardner

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