El fortalecimiento de la unión económica y monetaria (UEM) debe poner remedio a su actual déficit democrático y ayudar a reactivar la inversión pública, que sigue siendo preocupantemente baja. Este es el principal mensaje transmitido por las regiones y ciudades de la UE en un dictamen aprobado el 5 de julio en el pleno del Comité de las Regiones (CDR), la asamblea de la UE que representa a los entes locales y regionales.

A raíz de la crisis financiera de 2012 se acordaron unas normas de coordinación presupuestaria más estrictas. Estas normas se están incorporando ahora a los Tratados de la UE, junto con nuevas disposiciones que convierten parcialmente el Mecanismo Europeo de Estabilidad intergubernamental en un Fondo Europeo e introducen la figura del Ministro europeo de Economía y Finanzas. Las implicaciones de estas propuestas de la Comisión Europea a efectos de las regiones y ciudades han sido objeto de evaluación por parte del Comité en un dictamen elaborado por Christophe Rouillon , (FR/PSE), alcalde de Coulaines. «Es preocupante que el debate sobre la migración eclipse todas las demás cuestiones que requieren una acción urgente de la UE. De hecho, es perentorio conseguir que la UEM sea resiliente antes de la próxima crisis, en particular mediante la creación de un Fondo de Ayudas para el Euro que permita hacer frente a las amenazas sistémicas que se ciernen sobre la economía mundial. Este cortafuegos europeo debe ponerse en marcha ahora, en lugar de esperar hasta la próxima crisis para hacerlo a toda prisa» , declaró Christophe Rouillon al presentar el dictamen ante el Pleno del CDR.

La inclusión entre los Tratados de la UE del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG) —conocido comúnmente como el Pacto Presupuestario— debía haberse llevado a cabo a la luz de la evaluación de su aplicación. El CDR critica el hecho de que, al parecer, esta evaluación no se realizó o no se hizo pública, y que la propuesta presentada por la Comisión Europea desdeña por completo el bajo nivel persistente de inversión pública, que ha caído del 3,4 % del PIB de la UE en 2008 al 2,7 % en 2016.

Dado que las inversiones públicas son, a menudo, las más afectadas por la consolidación presupuestaria, los dirigentes locales exigen que las nuevas normas proporcionen la flexibilidad necesaria y apoyen, en particular, la capacidad inversora de los entes locales y regionales. Desde esta perspectiva, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) no debe considerar como gasto estructural la cofinanciación de proyectos apoyados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, por el programa de redes transeuropeas (RTE) o por el Mecanismo «Conectar Europa». Esta disposición ya se ha introducido para las contribuciones nacionales al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.

Los líderes locales apoyan la incorporación del Mecanismo Europeo de Estabilidad —carente de transparencia y expuesto a bloqueos y vetos— al Derecho primario europeo, con asunción de responsabilidades ante el Parlamento Europeo. Estos dirigentes apoyan firmemente la propuesta de la Comisión para que las decisiones importantes en relación, por ejemplo, con la concesión de ayuda financiera, se adopten por una mayoría ponderada del 85 % y no por unanimidad como hasta ahora.

En opinión de las regiones y ciudades de la UE, la propuesta de crear la figura del Ministro europeo de Economía y Finanzas contribuiría a una mayor rendición de cuentas democrática y a hacer más comprensible la gobernanza de la UEM. Sin embargo, su papel debería definirse adecuadamente al objeto de evitar una mayor centralización de la toma de decisiones fiscales.

En cualquier caso, solo es posible afrontar el déficit democrático de la UEM si se muestra a los ciudadanos europeos que esta también apoya el principio del progreso social y que el empleo, el crecimiento salarial y las normas sociales no se consideran temas de segundo orden frente a las preocupaciones de índole macroeconómica y presupuestaria.

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