El compromiso del Parlamento Europeo con una política de cohesión más robusta, flexible, sencilla y participativa, plasmado en un informe aprobado el 13 de junio, ha sido acogido favorablemente por el Comité Europeo de las Regiones (CDR) como un paso adelante decisivo en la movilización de las principales partes interesadas en el marco de la campaña # Alianza por la Cohesión. Su objetivo consiste en garantizar que el brexit y las limitaciones presupuestarias no debiliten el principal instrumento de inversión de la UE y asegurarse de que los ciudadanos y las comunidades locales puedan contar con unos Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) mejorados después de 2020.

«Valoramos muy positivamente que el Parlamento Europeo haya aprobado hoy el informe sobre la política de cohesión de la UE después de 2020. Esto refuerza notablemente nuestra Alianza por la Cohesión, que aboga por el fortalecimiento de este impresionante instrumento europeo de solidaridad y establecimiento de contactos entre comunidades en Europa. En particular, apoyamos plenamente el llamamiento del informe a favor de un presupuesto equilibrado, la simplificación de las políticas y el respeto del principio de asociación», afirmó el ponente del CDR sobre la futura política de cohesión , Michael Schneider, secretario de Estado de Sajonia-Anhalt y presidente del Grupo del PPE en el CDR. «Nuestro deseo es crear una sólida Alianza por la Cohesión con los diputados al Parlamento Europeo, a fin de allanar el camino hacia una política de cohesión fuerte y eficiente después de 2020», añadió.

Tras la votación, la ponente del Parlamento Europeo sobre los componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020, Kerstin Westphal (S&D/DE) , señaló que «El Parlamento Europeo ha dejado claro que los ciudadanos quieren que la política de cohesión siga reduciendo las disparidades en toda la UE y apoye el crecimiento integrador y sostenible en todas las regiones. Somos conscientes de que esta política podría verse debilitada por el impacto del brexit y las arduas negociaciones en torno al próximo presupuesto de la UE, reduciendo su capacidad para apoyar a los ciudadanos y las empresas de la UE. Todas las partes interesadas y beneficiarios deberán movilizarse y participar, junto con el Comité de las Regiones, en la tarea de explicar lo que representa la política de cohesión para nuestras comunidades, haciendo oír la voz de nuestros ciudadanos, regiones y ciudades en Bruselas y en las capitales. Trabajando juntos podemos allanar el camino para una política de cohesión sólida, flexible, visible y fácil de utilizar, ayudando a los 27 Estados miembros a lograr un crecimiento integrador y abordar una serie de desafíos cruciales, como el cambio climático y la migración».

Por lo que se refiere a la mejora de la aplicación de las políticas, la ponente Westphal hizo hincapié en la necesidad de garantizar una verdadera participación de las partes interesadas a todos los niveles, respetando plenamente el principio de asociación: « El Código de Conducta actual debería reforzarse mediante la introducción de requisitos mínimos para la participación en la asociación », señaló. Esta cuestión también resulta esencial para la posición del CDR, que aboga por disposiciones obligatorias para garantizar que la política de cohesión cumple su función única de fomentar la cooperación entre los agentes locales y las instituciones nacionales, regionales, locales y de la UE.

En cuanto al debate sobre el fortalecimiento y la diversificación de los requisitos jurídicos para el acceso a los fondos de la política de cohesión (las denominadas «condicionalidades»), el Comité acoge favorablemente la posición del Parlamento en contra de la condicionalidad macroeconómica (una norma que autoriza la congelación de los Fondos EIE en aquellos países cuyos gobiernos nacionales no cumplen los compromisos de saneamiento presupuestario). Según el CDR, la política de cohesión no debe estar sujeta a condicionalidades cuyo cumplimiento se sustrae totalmente a la influencia de los entes locales y regionales. En términos más generales, el CESE respalda plenamente lo solicitado por el Parlamento en el sentido de que el vínculo entre la política de cohesión y la gobernanza económica con arreglo al Semestre Europeo debe ser equilibrada, recíproca y no punitiva.

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