Una mayor transparencia y el libre acceso a información crítica sobre alquileres de corta duración con el fin de luchar contra las actividades ilegales y garantizar la disponibilidad de viviendas asequibles para las comunidades locales. Estas son las principales peticiones que las ciudades y regiones europeas han dirigido a las instituciones de la UE a través delDictamen elaborado por Roberto Ciambetti, presidente de la Asamblea Regional del Véneto, y aprobado el 15 de marzo en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR).
El turismo es un sector estratégico para la Unión Europea: representa más del 10 % del producto interior bruto de la UE y proporciona empleo a veintiséis millones de personas. Los alquileres de alojamiento de corta duración representan casi un tercio de la oferta total de alojamiento turístico de la UE y se han visto favorecidos por el crecimiento de las plataformas en línea. Si bien las instituciones de la UE están elaborando desde hace tiempo nuevas normas sobre alquileres de corta duración, los líderes locales y regionales señalan las repercusiones de un sector que, a lo largo de los años, ha creado oportunidades para los viajeros, las pymes y las economías locales, especialmente en las zonas rurales, pero también ha suscitado preocupación en las grandes ciudades europeas, que se enfrentan a flujos turísticos excesivos y a una creciente demanda de viviendas asequibles.
El ponente, Roberto Ciambetti (IT/CRE), presidente de la Asamblea Regional del Véneto, declaró: «El sector del alquiler de corta duración sigue creciendo a un ritmo exponencial y requiere un marco común y un conjunto de normas armonizado para garantizar su transparencia. Este Dictamen tiene por objeto proteger a los turistas, inquilinos y gestores de plataformas para luchar contra las prácticas ilegales y las formas de competencia desleal. El mercado turístico necesita barreras jurídicas que protejan a todas las partes interesadas para salvaguardar el contexto socioeconómico local abordando fenómenos como el turismo excesivo y la gentrificación, sin comprometer los beneficios económicos que ofrece el sector del alquiler a corto plazo».
Durante la adopción del Dictamen, intervino Marian Elorza (ES/Renew Europe), secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, quién declaró: "El Dictamen que se somete a consideración incorpora avances importantes para mejorar el control sobre el alquiler de alojamientos de corta duración. Sin embargo, para que el Reglamento Europeo sea eficaz, este debe aplicarse sin aplazamientos y prever la capacidad de las autoridades competentes para aplicar un régimen sancionador a aquellas plataformas que incumplan su contenido".
Por parte del Gobierno de las Islas Baleares, tomó la palabra Antoni Vicens (ES/PES), director general de Relaciones Exteriores, quién insistió: “El alquiler turístico ha vivido un rápido incremento en los últimos años y, por ello, el Gobierno de las Islas Baleares ha procedido a su regulación mediante un sistema de licencias, la limitación o prohibición en determinadas zonas o tipologías de viviendas, y la instauración de un sistema sancionador. Sin embargo, la dificultad de identificar a los titulares reales de estos establecimientos y la responsabilidad de las grandes plataformas en la publicación de sus contenidos, dificulta su supervisión. Por todo ello, creemos muy necesaria una actuación decidida a nivel de la Unión Europea para garantizar el derecho de sus regiones a regular y supervisar el sector turístico en todas sus vertientes.”
La falta de claridad y transparencia hasta la fecha ha llevado a un número significativo de ciudades y regiones de la UE a aplicar sus propias medidas para supervisar y limitar la actividad de los servicios de alquiler de corta duración, entre ellas limitar el número de días que puede alquilarse una determinada propiedad, recaudar impuestos y prohibir los alquileres de corta duración en algunos tipos específicos de edificios o zonas. Por lo tanto, el Dictamen acoge favorablemente la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea, cuyo objetivo es reforzar la transparencia de los alquileres de alojamientos de corta duración mediante la recogida y el intercambio de datos.
El aumento de la transparencia mejora la elaboración de las políticas. Esta es la razón por la que los entes locales y regionales necesitan disponer de libre acceso a los datos para supervisar y regular un sector que tiene diversas repercusiones en los territorios europeos. Por ejemplo, en las zonas donde existe una intensa actividad de plataformas en línea, la repercusión sobre el mercado inmobiliario es considerable: el resultado es un aumento de los alquileres y de los precios inmobiliarios, con la consiguiente reducción de la disponibilidad del parque inmobiliario para la población local.
Aunque a partir del 1 de enero de 2023 las plataformas en línea deben empezar a comunicar a las autoridades tributarias información sobre los ingresos obtenidos por las personas que alquilan bienes inmuebles, los líderes regionales y locales están preocupados por los diferentes requisitos de información en virtud de las normas de la UE y de la actual propuesta de Reglamento y desean dejar claro que las ciudades y las regiones deben tener acceso a los datos pertinentes para adaptar en consecuencia sus políticas de turismo, transporte, vivienda y de otro tipo. Además, el CDR pide que se sigan estudiando los criterios para distinguir entre los anfitriones profesionales y ocasionales, a fin de garantizar un acceso adecuado al mercado y eliminar obstáculos innecesarios, en particular para los pequeños operadores, al tiempo que se aplican normas más estrictas a los profesionales.
Contexto:
Los datos muestran que en 2022 el sector turístico se recuperó significativamente de los efectos de la pandemia. Durante los nueve primeros meses del año pasado, se reservaron 450 millones de pernoctaciones a través de alguna de las cuatro principales plataformas de economía colaborativa en línea (Airbnb, Booking.com, Expedia Group y Tripadvisor), lo que supone un aumento del 57,4 % en comparación con 2021. Cinco regiones acogieron más de cuatro millones de pernoctaciones en alojamientos de corta duración: Andalucía en España (6,5 millones), Jadranska Hrvatska en Croacia (5,5 millones), Provenza-Alpes-Costa Azul en Francia (5,2 millones), Cataluña en España (4,6 millones) y la región Isla de Francia (4,1 millones).
En noviembre de 2022, la Comisión Europea presentó una propuesta muy esperada de Reglamento sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. La propuesta, inicialmente prevista para el primer semestre del año pasado, se dio a conocer tras una consulta pública que recabó un número particularmente elevado de respuestas.
El 31 de enero de 2023, la Comisión de Recursos Naturales del CDR aprobó el Dictamen tras un debate en el que también participaron representantes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la industria, con la presencia de Emmanuel Marill, director de Airbnb para Europa, Oriente Medio y África. En este enlace está disponible un resumen del debate.
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