Para imprimir un nuevo impulso a la economía de servicios hay que contar con las ciudades y regiones  
A new boost for the service economy needs to take cities and regions on board

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión Europea para mejorar el comercio transfronterizo en el sector de los servicios. En un dictamen aprobado en el pleno de octubre del CDR, el ponente Jean-Luc Vanraes (BE/ADLE) insta a la Comisión a que aclare sus propuestas para aprovechar todo el potencial del mercado único.

La libre circulación de los servicios en la Unión Europea es uno de los principales pilares del mercado único. Los servicios constituyen una parte importante de la economía europea, pues representan el 70 % de su PIB y el 90 % de los nuevos empleos. Pese a los notables progresos efectuados en la supresión de las barreras, la falta de claridad y previsibilidad de los reglamentos y las divergentes normas nacionales siguen interponiendo obstáculos a las empresas europeas que desean expandirse a través de las fronteras.

« Lamentablemente, el sector de servicios se caracteriza por una escasa competencia y un lento aumento de la productividad », explica Jean-Luc Vanraes (BE/ADLE), concejal de Uccle. « Suprimir los obstáculos a la inversión en servicios y el comercio transfronterizo podría añadir un 1,7 % al PIB de la UE y brindaría a los prestadores de servicios y consumidores más oportunidades para aprovechar todo el potencial del mercado interior. »

En respuesta a los obstáculos que afrontan las empresas de servicios, en enero de 2017 la Comisión Europea lanzó una serie de iniciativas (tarjeta electrónica europea de servicios, procedimiento de notificación y un test de proporcionalidad) para facilitar a las empresas la prestación de servicios en toda la UE. Aunque creemos en su contribución a la creación de un verdadero mercado único de servicios, el ponente se manifiesta preocupado por las cargas administrativas adicionales impuestas a los entes regionales y locales, así como por la posible interferencia en procedimientos legislativos nacionales como las interferencias denunciadas por varios parlamentos nacionales y regionales.

Sin embargo, el Sr. Vanraes acoge con satisfacción la tarjeta electrónica europea de servicios como una útil contribución al fomento de la movilidad de los servicios y a la reducción de la complejidad administrativa y los costes para los prestadores de servicios transfronterizos. « Dicha tarjeta será particularmente útil para las pymes, que son la columna vertebral de las economías regionales y locales, ya que son las más afectadas por la complejidad administrativa a la hora de operar a través de las fronteras ». Sin embargo, lamenta que los potenciales beneficios de la tarjeta electrónica de servicios sigan sin estar claros y subraya la necesidad de que la Comisión Europea los explique concienzudamente.

Asimismo, apoya las medidas dirigidas a mejorar el procedimiento de notificación para los servicios, ya que el actual procedimiento no es eficaz. Ahora bien, la obligación de notificación no debe interferir con las competencias de los entes locales y regionales y de sus asambleas políticas.

Considera que, pese a que las evaluaciones de proporcionalidad han de ser exhaustivas, objetivas y basadas en pruebas, también deben ser proporcionadas, ya que un enfoque «de talla única» podría resultar innecesariamente oneroso en muchas circunstancias; Asimismo, subraya que « Solo corresponde a los Estados miembros, ya sea a nivel nacional, regional o local, decidir si y cómo regular las profesiones ».

Contexto:

El 12 de diciembre de 2006, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva de servicios (que los Estados miembros debían aplicar antes del 28 de diciembre de 2009) con el objetivo de suprimir los obstáculos jurídicos y administrativos que pueden impedir a las empresas ofrecer sus servicios en otro país y fomentar la competencia transfronteriza. En enero de 2017 -cuando aún no se había realizado totalmente el potencial de la libre circulación de servicios- la Comisión Europea presentó cuatro medidas :

Una tarjeta electrónica europea de servicios: un procedimiento electrónico que intenta simplificar los trámites administrativos,

Una evaluación de la proporcionalidad de las normas nacionales sobre los servicios profesionales, que se propone aclarar el test de proporcionalidad que los Estados miembros deberían llevar a cabo antes de adoptar o modificar las normas nacionales sobre servicios profesionales.

Orientación para las reformas nacionales en la regulación de las profesiones, que orienta sobre las necesidades de reforma nacionales en la regulación de los servicios profesionales con un alto potencial de crecimiento y empleo.

La mejora de la notificación de los proyectos de leyes nacionales sobre servicios, a fin de brindar a los Estados miembros la oportunidad de manifestar su potencial preocupación por posibles incoherencias en la legislación de la UE en una fase temprana del proceso legislativo.

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