Transcurrido un año desde la proclamación del pilar europeo de derechos sociales , sigue sin resolverse la cuestión clave: ¿cómo cumplir las promesas contraídas por los jefes de Estado o de Gobierno en noviembre de 2017 en la Cumbre Social de Gotemburgo? Durante una conferencia interinstitucional organizada el lunes por el Comité Europeo de las Regiones (CDR), los representantes de las regiones y ciudades insistieron ante la comisaria europea Marianne Thyssen en que la política de cohesión de la UE debe seguir apoyando la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, con la participación activa de los entes locales y regionales.

Karl-Heinz Lambertz , presidente del Comité Europeo de las Regiones, afirmó: «La UE debe hacer siempre todo lo posible por capacitar a sus ciudadanos mediante la creación de puestos de trabajo dignos y la protección de la salud, para garantizar que nadie se quede atrás. El pilar europeo de derechos sociales sitúa la protección y la inclusión sociales en un lugar preponderante de la agenda de la UE, pero se precisa un compromiso compartido en todos los niveles de gobierno. Necesitamos, más que nunca, un presupuesto de la UE ambicioso, con una política de cohesión sólida para después de 2020. Las regiones y ciudades están dispuestas a renovar Europa, pero recortar o centralizar los fondos de la UE —especialmente el Fondo Social Europeo— supondrá un freno para nuestras aspiraciones».

Marianne Thyssen , comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad laboral, señaló que «nuestras políticas quizás sean locales, pero los retos a que nos enfrentamos son de carácter europeo, si no mundial. El Comité de las Regiones permite resolver la cuadratura del círculo: nos ayuda a pensar a escala continental y a actuar a escala local. Lo mismo puede decirse del pilar europeo de derechos sociales, que aborda retos continentales a través de medidas no solo a nivel europeo, sino también nacional, regional y local».

El CDR considera que los derechos sociales deben ser equiparables a los derechos económicos, por lo que ha instado a que se introduzca un capítulo sobre progreso social en los Tratados de la UE y se impongan objetivos sociales vinculantes a los Estados miembros. Asimismo, considera que el cuadro de indicadores en el que se basa el pilar europeo de derechos sociales debe incluir datos territoriales para hacer frente a las disparidades regionales. Las regiones y ciudades reclaman asimismo una amplia movilización en cuestión de capacidades y educación a fin de impulsar la inversión en capital humano y mejorar la correspondencia entre las competencias y las necesidades del mercado laboral.

José Ignacio Ceniceros (ES/PPE), presidente de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) y presidente del Gobierno de La Rioja, afirmó que «las disparidades económicas y sociales en las regiones europeas —y entre ellas— se traducen en fenómenos de gravedad como cambios demográficos, fuga de cerebros, inmigración y populismo. Con una financiación adecuada y una firme voluntad política, el pilar social puede convertirse en un arma contra la desigualdad y la segregación y ofrecer a los menos afortunados de nosotros la formación y las capacidades necesarias para desenvolverse en un mercado laboral competitivo y convertirse en miembros activos y productivos de sus comunidades».

Heinz-Joachim Höfer (DE/PSE), alcalde de Altenkirchen y ponente del CDR sobre el pilar europeo de derechos sociales, afirmó que «para hacer realidad los principios del pilar para todos los europeos esperamos una actuación mucho más rápida y ambiciosa por parte de la Comisión Europea. Seguimos aguardando una estrategia europea para una vivienda asequible, un plan europeo contra la pobreza para reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, y medidas adecuadas para proteger a los trabajadores de las plataformas en línea. Resulta aún más preocupante que los recortes presupuestarios previstos para el período 2021-2027, por ejemplo para el Fondo Social Europeo, obstaculizarán en particular la puesta en práctica satisfactoria del pilar en las regiones más rezagadas».

Maria João Rodrigues (PT/S&D), ponente del Parlamento Europeo, subrayó por su parte que «el próximo presupuesto de la Unión ha de cumplir las promesas de Gotemburgo: construir una Europa más justa y reforzar la dimensión social de la UE antes de las elecciones europeas de 2019. Los entes locales y regionales deben participar de manera adecuada en la preparación y ejecución de los próximos programas presupuestarios. Sus conocimientos específicos de las necesidades regionales y locales los convierte en socios privilegiados para llevar a cabo una ejecución eficaz del pilar social».

La Presidencia austriaca del Consejo de la UE estuvo representada por Andrä Ruppechter , consejero principal, quien destacó que impulsar la convergencia económica y social puede mejorar la estabilidad y productividad de la economía europea.

A modo de conclusión, Luca Jahier , presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), insistió en que «el CESE y el CDR deben aunar fuerzas para lograr que el pilar dé resultados concretos que aporten bienestar a todos los ciudadanos. En ambas instituciones disfrutamos de una posición inigualable para evaluar su aplicación desde la perspectiva territorial y de la sociedad civil. Hemos de dar una respuesta urgente que solvente las desigualdades divisorias y ofrezca a los ciudadanos el cambio que reclaman».

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La Comisión Europea ha propuesto, para el próximo período presupuestario 2021-2027, una versión más simple y flexible del actual Fondo Social Europeo gracias a la fusión de una serie de fondos y programas existentes. El nuevo Fondo Social Europeo Plus apoyará los principios del pilar europeo de derechos sociales y la aplicación de las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo. No obstante, el nivel global de financiación se reduciría aproximadamente en un 6 %. El proyecto de dictamen del CDR , que se aprobará en el pleno de diciembre (ponente: Susana Díaz Pacheco (ES/PSE), presidenta de la Junta de Andalucía), advierte de la centralización de la gestión del Fondo a expensas de los entes locales y regionales.

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