El CDR valora muy positivamente las propuestas de la Comisión para reforzar la titularidad
de las inversiones rurales y las sinergias entre la PAC y la política de cohesión,
si bien solicita una mayor coordinación con los fondos de recuperación.
La publicación de la visión a largo plazo para las zonas rurales por parte de la Comisión Europea supone un importante éxito para el Comité Europeo de las Regiones (CDR), que viene pidiendo una agenda rural desde 2016. Los dirigentes locales acogen con satisfacción la propuesta de un Pacto Rural y un Plan de Acción en los que se establecen objetivos y se refuerza la titularidad política de las inversiones en el desarrollo rural sostenible. El CDR valora la visión a largo plazo para las zonas rurales en toda su diversidad y el esfuerzo por revitalizarlas de una manera que vaya más allá de la agricultura y que tenga en cuenta todos los ámbitos políticos desde una óptica rural. Tal como se prevé en la propuesta de la Comisión, el Comité está dispuesto a promover la movilización de las comunidades locales en la aplicación del Plan de Acción y la visión para las zonas rurales. Al mismo tiempo, el CDR pide que la política agrícola común (PAC) de la UE no solo se coordine con la política de cohesión, sino también con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Apostolos Tzitzikostas , presidente del CDR, señaló: « Durante la pandemia, en nuestras comunidades rurales, demasiados ciudadanos tuvieron que recorrer largas distancias para obtener asistencia médica, demasiadas empresas se vieron excluidas de las oportunidades de los mercados digitales y demasiados estudiantes se quedaron sin clases debido a la lentitud de las conexiones de internet. Esta situación nos llevó a proponer un Pacto Rural que fijara objetivos claros y coordinara los instrumentos de inversión disponibles para lograr una recuperación rural sostenible. Hoy acogemos con gran satisfacción el Pacto Rural y el Plan de Acción propuestos por la Comisión en el marco de la visión a largo plazo, ya que pueden contribuir a orientar las inversiones tanto de emergencia como a largo plazo, reforzando la titularidad política y la cooperación. La política agrícola europea es fundamental para nuestras zonas rurales, pero para que estas puedan superar la crisis y ser competitivas se requiere una intervención fuerte y coordinada de todas las políticas de la UE en favor de la cohesión, la innovación y la recuperación ».
Enda Stenson (IE/AE), miembro del Consejo del Condado de Leitrim y ponente del Dictamen sobre la Estrategia de la UE para la recuperación de las zonas rurales , declaró: « Celebro la visión a largo plazo como un paso importante en la dirección correcta, teniendo en cuenta las diferentes necesidades y el gran potencial de las zonas rurales. No tenemos tiempo que perder para integrar la visión en los planes nacionales de recuperación y resiliencia, los fondos de cohesión y los fondos agrícolas. Hay que empezar ya a impulsar un desarrollo rural diversificado mediante medidas concretas para garantizar que nuestras comunidades rurales sean el mejor lugar para vivir, trabajar y formar una familia ».
Contexto:
En marzo de 2021, la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del CDR adoptó una declaración en la que expresó su preocupación por el hecho de que las zonas rurales puedan resultar menos beneficiadas de los planes de la Unión Europea para reconstruir una Europa posterior a la COVID-19 que sea más ecológica, más digital y más resiliente. Esta declaración contó con el apoyo del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Zonas Rurales, Montañosas y Remotas y Pueblos Inteligentes.
La última encuesta del Eurobarómetro a escala de la UE muestra que la mayoría de los ciudadanos de la UE están a favor de que la UE incluya a las zonas rurales en las decisiones sobre el gasto público. Según el 44 % de las personas encuestadas, la infraestructura y las conexiones de transporte constituyen la principal necesidad de las zonas rurales, seguidas del acceso a la asistencia sanitaria, la atención a la infancia o el cuidado de las personas mayores y la disponibilidad de puestos de trabajo, empleo u oportunidades de negocio (27 %), y la infraestructura digital (26 %).
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