National delegation  

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Delegación nacional española

Visión general

El Estado español se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas (NUTS II), que gestionan sus intereses de forma autónoma.

Cada una de las diecisiete comunidades autónomas tiene aprobado, en virtud de la Constitución Española de 1978, su propio Estatuto de Autonomía, que establece las competencias de autogobierno y los parlamentos regionales, lo que implica que son regiones con competencias legislativas. Actualmente las comunidades autónomas han iniciado el proceso de revisión de sus estatutos.

Estas comunidades autónomas tienen a su vez una subdivisión territorial en provincias y municipios. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, gozando estos de personalidad jurídica plena. Actualmente ocho de los municipios españoles tienen representantes en el CDR (cuatro titulares y cuatro suplentes).

Designación de la delegación española

España cuenta con veintiún miembros titulares y otros tantos suplentes. Los miembros se implican activamente en los trabajos de la delegación y participan con regularidad en las actividades del Comité.

El Gobierno español fijó la composición de la delegación de acuerdo con una Moción del Senado, votada el 20 de octubre de 1993. Conforme a dicha moción, diecisiete de los veintiún puestos de la delegación española del CDR corresponden a las comunidades autónomas y los cuatro puestos restantes están reservados para representantes locales.

Cada comunidad autónoma propone un miembro y un suplente, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propone los cuatro representantes locales, así como cuatro suplentes. En el seno de los entes locales, se opta por la participación en el CDR de dos de las ciudades más pobladas de España (Madrid y Barcelona) en equilibrio político con otros ayuntamientos de menor tamaño.

Corresponde posteriormente al gobierno español la adopción de la lista global en función de las respectivas propuestas y su transmisión al Consejo de la Unión Europea, quien procede al nombramiento formal de los miembros del Comité.

Todos los miembros y suplentes españoles deben ser elegidos por sufragio universal u ostentar responsabilidad política ante una asamblea elegida.

Las comunidades autónomas y los municipios hacen llegar las designaciones y renuncias de los miembros del CDR a la Secretaría de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Representación Permanente de España, que las transmite a su vez al Consejo.

Desde el 9 de diciembre de 2004 las comunidades autónomas pueden participar en determinadas formaciones ministeriales del Consejo de la Unión Europea en virtud de un acuerdo establecido por el Estado español. Esta participación consiste en la incorporación a la delegación española en las reuniones de determinadas formaciones del Consejo de un miembro, con rango de consejero o miembro de un Consejo de Gobierno autonómico. La representación se lleva a cabo en las formaciones del Consejo de Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores; Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; Educación, Juventud y Cultura.

Dentro de la Mesa del Comité, a España le corresponden un total de tres puestos, que rotan con la sucesión de mandatos del CDR, respetando asimismo el equilibrio de partidos políticos.

Los miembros españoles han ejercido distintas funciones de relevancia en los órganos del Comité desde su creación, presidencias de comisiones o de grupo político entre otras, habiendo asumido la presidencia del Comité Pasqual Maragall en el período 1996-1998.

Organización y promoción de los intereses políticos

La delegación española desarrolla en el Comité Europeo de las Regiones un doble nivel de trabajo político y técnico.

A nivel político, antes de los plenos se celebran reuniones de la delegación en las que se analizan los diferentes asuntos de interés para sus miembros, así como el desarrollo de cada uno de los plenos. En estas reuniones a nivel político participa el conjunto de los miembros, que representan a los diferentes partidos políticos.

Asimismo, la delegación española se reúne a nivel político en España en una o dos ocasiones a lo largo de su mandato.

A nivel técnico, la delegación española tiene una rigurosa organización que rota cada dos años con el cambio de mandato y respetando la alternancia política entre los diferentes partidos. Los coordinadores de la delegación española se reúnen periódicamente en Bruselas, antes de los plenos, y mantienen un flujo permanente de información para los miembros. El trabajo se coordina no solo a nivel de documentación, sino también de presentación de enmiendas. Toda la delegación conoce la actividad legislativa de cada uno de los miembros (en plenos y comisiones) y otras actividades políticas del Comité.

La actividad de la delegación se estructura a través de las diecisiete oficinas regionales establecidas en Bruselas y con el departamento de Relaciones Internacionales de la FEMP, así como con las otras delegaciones nacionales del CDR.

La tercera faceta del trabajo de la delegación española es la coordinación con la Representación Permanente de España, que ha creado un servicio específico para las relaciones con las comunidades autónomas.

El principal objetivo de la delegación española es que todos los miembros conozcan las directrices políticas y las actividades legislativas que desarrolla el CDR para que puedan participar en el proceso de toma de decisiones.

Actualmente alrededor de tres cuartas partes de la legislación de la UE se aplica a nivel local o regional, y la delegación es consciente de la creciente importancia del papel de las regiones y de la necesidad que tienen de hacer oír su voz.

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