El acceso de las pymes a la contratación pública, el mercado único y la financiación, unas normas fiscales y sobre el IVA mejor adaptadas a las pymes y la consecución de un mejor equilibrio entre las necesidades de las pymes y la protección de los, trabajadores, los consumidores y el medio ambiente son factores críticos que respaldarán el éxito de las pymes en Europa. El dictamen del Comité Europeo de las Regiones (CDR) «Normativa inteligente para las pymes» (ponente: Christian Buchmann) fue adoptado en el pleno del CDR el 12 de julio.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son el principal motor de Europa para la generación de crecimiento y empleo, crean dos de cada tres puestos de trabajo y generan más de la mitad de la producción económica europea. No obstante, la reglamentación no siempre tiene en cuenta sus circunstancias específicas, lo que constituye un obstáculo para el crecimiento económico y la innovación locales.

«La burocracia supone unas altas cargas administrativas, unos requisitos incoherentes, así como el solapamiento o la existencia de normas contradictorias, y cuesta a las pymes mucho más que a las empresas más grandes. Asimismo, el cumplimiento de las obligaciones en ámbitos como la fiscalidad, la notificación y la información, la protección laboral u otros ámbitos afecta desproporcionadamente a las pymes. Por consiguiente, un entorno normativo favorable para las pymes es una condición previa indispensable para la creación y el desarrollo de las empresas, así como para generar más crecimiento y empleo en Europa» , señaló el ponente, Christian Buchmann (AT/PPE) , miembro del Parlamento de Estiria.

La propuesta del CDR representa un enfoque a medio plazo más ambicioso que los actuales esfuerzos de la UE para reducir la burocracia, por ejemplo el Programa «Legislar mejor» o el Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). En el dictamen se hace hincapié en la importancia de seguir reduciendo los obstáculos a la contratación de las pymes –cuestión de especial relevancia para las regiones y ciudades– y de simplificar y armonizar las normas tributarias, que son percibidas como el ámbito de política más gravoso por la mayor parte de las pymes europeas.

El CDR también insta a que se adopten medidas para facilitar la utilización por parte de las pymes de los instrumentos de desarrollo regional a largo plazo de la UE, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), y destaca que la multiplicidad de las normativas nacionales sigue impidiendo a las pymes aprovechar el mercado único de servicios. En concreto, pide que se otorgue un papel a los entes locales y regionales en los comités de evaluación de impacto que examinan las propuestas de la Comisión Europea.

«Es necesario que la política europea para las pymes cuente con una estrategia coherente, visible y actualizada, que integre el principio de «pensar primero a pequeña escala» en todas las políticas y todos los niveles de gobernanza. La «Small Business Act» para Europa (SBA) debería revisarse y reforzarse y las ciudades y regiones deberían desempeñar un papel más importante en su revisión y aplicación. En lugar de centrarnos en reducir la reglamentación, debemos insistir en crear un entorno reglamentario simple, claro, coherente para las pymes y, a este respecto, las ciudades y regiones desempeñan un papel fundamental» , afirmó el ponente Buchmann .

Desde 2011 el CDR promueve la aplicación de la Small Business Act (SBA) a nivel local y regional a través de su premio Región Emprendedora Europea (REE) . El premio se concede cada año a las regiones y ciudades de la UE cuyas estrategias de política empresarial son las más prometedoras, destacadas e innovadoras en Europa. Es una oportunidad para que los agentes locales y regionales demuestren cómo las pymes y los empresarios pueden aumentar la resiliencia de la economía.

Contexto:

El concepto de normativa inteligente significa elaborar normas y políticas de la UE que reporten el mayor beneficio posible a los ciudadanos, las empresas y organismos públicos de la manera más eficaz. Se trata de garantizar que las decisiones políticas se elaboran con arreglo a un procedimiento abierto y transparente, parten de los datos más exactos disponibles y cuentan con el respaldo de una amplia participación de las partes interesadas. Los instrumentos para ello incluyen la evaluación de impacto, la simplificación, la reducción de la carga administrativa y la plena y correcta aplicación de la legislación vigente.

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