A fin de reducir las disparidades y crear más oportunidades para todos los ciudadanos europeos, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) pide una política de cohesión más simple y flexible, que no se utilice como sanción o incentivo para alcanzar otros objetivos sino que se centre en el desarrollo sostenible e inclusivo. En su pleno del 5 de diciembre, los representantes locales y regionales han aprobado cuatro dictámenes que incluyen solicitudes de mejora y enmiendas legislativas a las propuestas de la Comisión Europea relativas a la política de cohesión para el período 2021-2027.

La política de cohesión, cuya dotación asciende a 365 000 millones EUR hasta 2020, es el principal instrumento de la UE, y lo seguirá siendo durante la próxima década, para fomentar la cohesión económica, social y territorial, implicar a los agentes locales en estrategias compartidas de crecimiento y dar visibilidad a su acción en todas las comunidades. Los líderes locales reafirmaron hoy su oposición al recorte del 10 % propuesto por la Comisión, y presentaron propuestas específicas para mejorar la eficacia de esta política.

«Las propuestas que se presentan hoy servirán para modernizar, simplificar y mejorar la política de cohesión, y pondrán de manifiesto el compromiso de las ciudades y regiones de Europa de reforzar esta política para adaptarla al futuro. Necesitamos más flexibilidad y gestión compartida, de modo que los fondos se utilicen con el consenso de todos los niveles de gobierno a fin de garantizar que la UE tenga el impacto que esperan nuestros ciudadanos. Esto permitirá a la política de cohesión abordar los desafíos que Europa afronta, no solo hoy sino también mañana» , declaró el presidente, Karl-Heinz Lambertz , (BE/PSE).

La comisaria de Política Regional de la UE, Corina Crețu, añadió: «El valioso trabajo del Comité Europeo de las Regiones en torno al futuro de la política de cohesión ha contribuido a marcar el ritmo de las negociaciones. Valoro muy positivamente su enfoque constructivo con la propuesta de la Comisión, en particular su defensa de un principio de asociación sólido, del desarrollo local y de los acuerdos de asociación en todos los Estados miembros. Desde el inicio del debate sobre el futuro de la Unión Europea, el Comité ha sido uno de los partidarios más destacados de la política de cohesión, como da prueba su decisiva contribución a la Alianza por la Cohesión. Confío en que nuestra buena cooperación siga fructificando y allanando el camino hacia una política de cohesión sólida».

Los dirigentes locales y regionales evaluaron las propuestas legislativas para 2020-2027 presentadas el pasado mayo por la Comisión y formularon su posición sobre cómo mejorar las disposiciones generales (Reglamento sobre disposiciones comunes) que regulan los principales fondos de la UE, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus y el Fondo Europeo de Cooperación Territorial.

Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC)

El dictamen , elaborado por Catiuscia Marini (IT/PSE), presidenta de la Región de Umbría, y Michael Schneider (DE/PPE), secretario de Estado y representante del Estado federado de Sajonia-Anhalt ante el Gobierno federal, defiende que la política de cohesión debe simplificarse y hacerse más flexible, reduciendo las cargas administrativas para los beneficiarios y gestores de los fondos. «Pero la simplificación no debe minar la participación de las regiones, ciudades y agentes locales», señaló Marini, y añadió: «Los principios de asociación y gobernanza multinivel deben seguir constituyendo una de las piedras angulares y un activo democrático del principal instrumento de inversión europeo». Por eso es preciso aplicar de forma integral el código de conducta.

«Es evidente que se necesitan unos porcentajes de cofinanciación superiores para las tres categorías de regiones, a fin de aumentar el atractivo de la política de cohesión», señaló Schneider, quien insistió en que «es preciso, por tanto, reintegrar el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el RDC, a fin de maximizar las sinergias con los otros fondos».

En el dictamen, el Comité defiende asimismo que:

 ninguna región de la UE debe hacer frente a recortes desproporcionados en la financiación después de 2020. La «red de seguridad» que propone la Comisión para limitar las pérdidas de cada uno de los Estados miembros debe, en cambio, desplegarse a nivel regional;

 el nivel actual de cofinanciación debe mantenerse, lo que significa que la UE cubra: el 85 % de los costes de los proyectos para las regiones menos desarrolladas y ultraperiféricas, así como para el Fondo de Cohesión y para cumplir el objetivo de cooperación territorial europea; el 70 % de los costes para las regiones de transición y el 50 % para las regiones más desarrolladas;

 debe mantenerse la actual norma n+3, según la cual la financiación de la UE se retira si los gastos previstos no se ejecutan efectivamente en un plazo de tres años. La propuesta de la Comisión de reducir el plazo a dos años causaría un solapamiento entre el cierre de los programas del período 2014-2020 y el primer «objetivo n+2» de los nuevos programas, lo que ocasionaría una pesada carga administrativa para los gestores;

 la «condicionalidad macroeconómica» —que permite la congelación de los Fondos EIE en aquellos países en los que los gobiernos nacionales no cumplan la disciplina presupuestaria de la UE— debe suprimirse del nuevo Reglamento, ya que penaliza a las autoridades locales sobre la base de opciones que no controlan, introduciendo una inseguridad perjudicial en la ejecución de los planes de inversión.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo de Cohesión

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) —actualmente el fondo único de inversión de la UE de mayor envergadura (con alrededor de 200 000 millones EUR a lo largo de siete años)— y el Fondo de Cohesión —reservado para aquellos países cuyo producto interior bruto per cápita es inferior al 90 % de la media de la UE— deben seguir centrándose en la cohesión económica, social y territorial. En el dictamen , elaborado por Michiel Rijsberman (NL/ADLE), miembro del Gobierno Regional de la Provincia de Flevoland, las regiones y ciudades piden que el recorte del 46 % propuesto por la Comisión para el presupuesto del Fondo de Cohesión se revise y se limite, y que se garantice un presupuesto estable para el FEDER (+1 %). «Con el fin de atender mejor a las necesidades de nuestras comunidades, la concentración temática, que canaliza los recursos del FEDER hacia determinados objetivos políticos, no debe aplicarse a nivel nacional, tal como propone la Comisión, sino a nivel regional», subrayó Rijsberman, y explicó: «una concentración temática a nivel nacional centralizaría el mecanismo de asignación y sería contrario al enfoque local de la política de cohesión».

Las regiones y ciudades de la UE consideran que:

 el Reglamento sobre disposiciones comunes y las normas específicas de los fondos deben garantizar la complementariedad entre el FEDER, el Feader y el FSE y permitir las sinergias en la realización de las iniciativas de inversión territorial integrada y desarrollo local participativo;

 los fondos deberían ser más ecológicos, y permitir a las regiones financiar acciones para la adaptación al cambio climático, incluido el fomento de la resiliencia a las catástrofes naturales;

 en sus decisiones sobre toda transferencia de recursos del FEDER o del Fondo de Cohesión a otros instrumentos o programas de la UE, los Estados miembros deben implicar a los socios locales y regionales, en consonancia con el principio de asociación. Las propuestas de transferencia del 5 % de los recursos del FEDER o del Fondo de Cohesión para el instrumento InvestEU, así como de un 5 % de la asignación del FEDER para los programas de la UE gestionados directamente por la Comisión, deben acordarse con las regiones y ciudades y responder a necesidades locales específicas;

 la atención prestada al desarrollo urbano sostenible debe reforzarse mediante la inversión de al menos el 6 % de los recursos nacionales del FEDER en este objetivo, en consonancia con la propuesta de la Comisión;

 el FEDER debe abordar las desventajas naturales o demográficas graves y permanentes;  

Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

El dictamen , elaborado por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco (ES/PSE), acoge con satisfacción el vínculo directo entre el FSE, el pilar europeo de derechos sociales y la coordinación de las políticas macroeconómicas de los Estados miembros a través del Semestre Europeo, como forma de impulsar la dimensión social del Semestre Europeo y la política de cohesión. Las regiones y ciudades quieren que la cohesión social siga siendo el objetivo fundamental del FSE y solicitan que se refuerce su vínculo con las recomendaciones específicas por país presentadas por la Comisión en el marco del Semestre Europeo, a fin de cumplir más adecuadamente esta prioridad. Las necesidades de los ciudadanos deben ser prioritarias.

En el dictamen, los líderes locales y regionales solicitan:

 asignaciones financieras adecuadas para cubrir los objetivos adicionales asignados al FSE+. La adición de nuevas tareas, mientras que las asignaciones se dejan al mismo nivel, daría lugar a importantes recortes y un efecto reducido;

 la integración financiera del FSE+ con el FEDER y el Fondo de Cohesión. La separación propuesta por la Comisión podría implicar una posible desintegración de la política de cohesión, lo que agravaría los efectos negativos de la separación del Feader decidida en los últimos años;

 la apertura del FSE+ al ámbito de la innovación social, como propone la Comisión. No obstante, la capacidad de los principales agentes para concebir, aplicar y evaluar programas en este ámbito debe reforzarse de manera proactiva;

 el reconocimiento adecuado del trabajo realizado por las ciudades y regiones para la integración socioeconómica de los inmigrantes, especialmente en las regiones con fronteras exteriores.

Cooperación territorial europea

En el dictamen elaborado por Marie-Antoinette Maupertuis (FR/AE), miembro del ejecutivo de la Colectividad Territorial de Córcega, el Comité acoge favorablemente la decisión de dar visibilidad a esta política fundamental de la UE mediante un Reglamento específico. Al mismo tiempo, «las regiones y ciudades rechazan la propuesta de la Comisión de reducir el presupuesto de la CTE en 1 847 000 millones EUR», señaló Maupertuis, que añadió: «el Comité está decidido a trabajar conjuntamente con el Parlamento Europeo y el Consejo para rechazar la propuesta de la Comisión de excluir a las regiones de la cooperación transfronteriza marítima, considerándola un asunto meramente transnacional».

Asimismo, el Comité rechaza, al considerarla arbitraria, la propuesta de dar prioridad a la financiación de las regiones fronterizas en las que la mitad de la población reside a menos de 25 km de la frontera, pues no refleja la realidad de la mayoría de los territorios transfronterizos; asimismo se opone a la reducción de las tasas de cofinanciación de la UE del 85 % al 70 %. El CDR apoya la creación de las nuevas inversiones interregionales en innovación, y solicita que se incluya también a las regiones y territorios menos innovadores con limitaciones geográficas y naturales, a fin de colmar las brechas de innovación en toda la UE.

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