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El Comité Europeo de las Regiones pide una cláusula de insularidad en la política de cohesión de la UE a partir de 2020  

Las islas de la Unión Europea afrontan dificultades específicas y permanentes que acarrean costes adicionales y merman sus perspectivas de crecimiento económico, en particular para las empresas privadas. A petición de la Presidencia maltesa de la UE, el Comité Europeo de las Regiones ha aprobado, en su sesión plenaria del 11 y 12 de mayo, un dictamen que identifica soluciones que respalden el desarrollo económico, social y territorial de las islas. Los próximos 1 y 2 de junio, Palma de Mallorca acogerá la reunión de la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones con emprendimiento, océanos, políticas agrarias y turismo inteligente en la orden del día.

 

'La singularidad insular ha encontrado un nuevo refuerzo en el dictamen aprobado por el Comité Europeo de las Regiones, documento que incluye una ajustada radiografía de los problemas a los que se enfrentan los territorios insulares para desarrollarse y representa una contribución importante para que la Unión sea un continuo económico, social y cultural sin barreras geográficas' , ha declarado Francina Armengol (ES/PES), Presidenta de las Islas Baleares y de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) de la Asamblea de representantes locales y regionales de la Unión Europea.

 

Armengol recuerda que 'la gran mayoría de las regiones insulares no registraron un proceso de convergencia económica en la década de 2000' e insta a qué ante tal situación 'administraciones públicas e iniciativa privada deben unirse para transformar la realidad económica y social de las islas de la Unión Europea'. Armengol da la bienvenida a las propuestas concretas del dictamen, como la “ventanilla única” (Island Desk) ya que 'supondría reducir la poca visibilidad de los agentes insulares ante la Comisión Europea cuando se trata de encontrar financiación para el desarrollo de proyectos'. Armengol recuerda no obstante que en temas de financiación y tal como aconseja el dictamen 'las ayudas de los Estados miembros son esenciales para superar los retos de las regiones insulares'.

 

El dictamen del Comité Europeo de las Regiones cuya ponente es Marie-Antoinette Maupertuis (FR/EA) , miembro del Consejo Ejecutivo de la Colectividad Territorial de Córcega, pide que las regiones insulares y, en particular, sus empresas, se beneficien de medidas específicas y de criterios más pertinentes para poder acceder a los Fondos Estructurales en la futura política de cohesión europea (2020-2027). Más allá de los diferentes costes adicionales derivados de su insularidad, las islas se caracterizan, en efecto, por tener un tejido económico poco diversificado, un alto porcentaje de microempresas y de pequeñas y medianas empresas y un gran número de empresarios poliactivos.

 

El CDR subraya que la política de cohesión de la UE representa la política más apropiada para contrarrestar las disparidades de desarrollo entre las islas y las demás regiones europeas. Ahora bien, las regiones insulares no gozan de un estatuto específico en la actual política de cohesión. Por ello, el CDR pide al legislador europeo que vaya más allá del simple reconocimiento de las desventajas estructurales que afectan a las islas, incluyendo una «cláusula de insularidad» en la futura política de cohesión. Ello pasa, entre otras cosas, por el establecimiento de nuevos indicadores para medir la situación socioeconómica, a fin de determinar la asignación de los Fondos Estructurales, criterios que deben tener en cuenta la accesibilidad y competitividad de las islas en ciertos sectores (como la economía azul, la energía verde y el turismo sostenible, entre otros).

 

El CDR aboga por una «verdadera aplicación» del artículo 174 del Tratado de la UE, que dispone que las zonas insulares, entre otros territorios, necesitan una especial atención por parte de la UE debido a sus desventajas geográficas, demográficas y sociales. Por otra parte, el CDR solicita la creación de un sistema de ayudas al funcionamiento de las empresas insulares a fin de compensar el coste adicional de la insularidad. Estas ayudas deberían autorizarse y estar exentas del mismo modo que las regiones ultraperiféricas y las zonas poco pobladas. En este sentido, el Comité propone flexibilizar la norma de minimis (que dispensa al Estado de notificar a la Comisión Europea las ayudas concedidas a las empresas cuyo importe no supere un cierto umbral) para las islas, así como los requisitos en materia de contratos públicos.

 

Por otra parte, se anima a la Comisión Europea a elaborar un programa de innovación específica destinado a las economías insulares. La creación de tal programa permitiría compensar la situación de competencia en la que se encuentran las empresas insulares con las del continente en el marco de las convocatorias de proyectos, cuando están sujetas a costes y obligaciones mucho mayores.

 

Los próximos 1 y 2 de junio, Palma de Mallorca acogerá la reunión de la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones con emprendimiento, océanos, políticas agrarias y turismo inteligente en la orden del día.

 

Nota para la prensa:

 

La UE cuenta con 362 islas de más de 50 habitantes, lo que representa un total de 17,7 millones de personas (de los que 3,7 millones viven en las regiones ultra periféricas). En 2010 el PIB per cápita en las mismas se elevaba a cerca del 79,2 % de la media comunitaria, y una proporción significativa de ellas sigue perteneciendo a la categoría de regiones menos desarrolladas.

 

Las regiones insulares tienen características geográficas, económicas, demográficas y sociales específicas que suponen desafíos únicos en el marco de la aplicación de las políticas europeas: pequeño tamaño (superficie, población, economía), mercado local restringido y dificultad para poder hacer economías de escala, elevados costes del transporte, relaciones inter-industriales poco desarrolladas, y déficit de conocimientos empresariales, de infraestructuras y de oferta de servicios para las empresas (en comparación con las de las regiones continentales).

 

El artículo 174 del Tratado de la UE define las regiones insulares como aquellas que deben ser objeto de una especial atención por parte de la Unión, que debe velar por reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones de un Estado miembro y entre los diferentes Estados miembros.

 

Proyecto de Dictamen del CDR sobre «El emprendimiento en las islas: contribuir a la cohesión territorial» (el dictamen consolidado con las enmiendas estará disponible próximamente en nuestro sitio)

Galería de fotos del Comité de las Regiones

 

Contacto:
David Crous

david.crous@cor.europa.eu

 

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